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El pleno dejó patente la división existente con 295 votos a favor, 271 en contra y 14 abstenciones

Los Estados de la UE deberán consultar la regularización de los inmigrantes

El PP Europeo afirma que la solución adoptada agudiza el problema y ejerce un efecto llamada

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efe | estrasburgo

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El Parlamento Europeo reclamó ayer a los Estados miembros que, antes de proceder a regularizaciones extraordinarias de inmigrantes, informen y consulten al resto de gobiernos de la Unión. Tras el debate celebrado el miércoles sobre el desarrollo de una política inmigratoria común, el pleno adoptó ayer una resolución cuya votación volvió a dejar patente la división que el tema suscita entre los eurodiputados: 295 votos a favor, 271 en contra y 14 abstenciones. El texto, adoptado con el respaldo de los principales grupos -Socialista, Liberales, Verdes e Izquierda Unitaria Europea- salvo el Partido Popular Europeo, hace referencia a los procesos extraordinarios de regularización como el de España en el 2005. Constata que «a falta de una política común de inmigración de la UE, los Estados miembros tienen planteamientos distintos» a la hora de afrontar las bolsas de cientos de miles de irregulares que residen en su territorio. Pero apunta que «la regularización en masa de inmigrantes no representa una solución a largo plazo, ya que las medidas de este tipo no resuelven los problemas subyacentes». Propuesta alternativa El PP Europeo planteó sin éxito una propuesta alternativa que señalaba que la regularización masiva «no sólo no constituye una solución, sino que más bien agudiza el problema de la inmigración ilegal, ya que ha demostrado claramente tener un efecto llamada». Fue rechazada por 234 votos a favor, 316 en contra y 26 abstenciones. El pleno sí incluyó en cambio en el texto final una enmienda de los conservadores que señala que «toda decisión sobre la flexibilización de las disposiciones relativas a la inmigración en un Estado miembro repercute en la situación que tienen los otros». Concluye por tanto que «los Estados miembros tienen la obligación, en un espíritu de cooperación leal, de consultar e informar a los otros Estados miembros sobre las medidas que pudieran afectar a la situación de la inmigración». En declaraciones a los periodistas, el eurodiputado del PSOE Javier Moreno defendió que el actual Ejecutivo español ha hecho «una normalización única con el único objetivo de poner orden al desastre migratorio que nos había dejado el Gobierno de (José María) Aznar».