Francia pide a España que sea solidaria en inmigración como ella lo es con ETA

El ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, reclamó a José Luis Rodríguez Zapatero la misma solidaridad en materia de inmigración que la que su país ofrece en la lucha contra ETA. El político galo respondió así al presidente del Gobierno, quien el miércoles señaló en el Congreso de los Diputados que Sarkozy no es quien para darle lecciones en extranjería tras las algaradas provocadas en sus ciudades por jóvenes de origen inmigrante. Rodríguez Zapatero había pronunciado esas palabras en tono duro durante la sesión de control al Gobierno, después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, le recordara que Sarkozy le llamó «aprendiz de brujo» por su gestión de la inmigración. En julio pasado, el ministro francés calificó de «error» la regularización que impulsó el Gobierno tras llegar al poder. La respuesta de Rodríguez Zapatero el miércoles enfadó al ministro francés, que ayer participó en la reunión sobre inmigración de ministros de los países mediterráneos de Europa. «Me ha sorprendido -afirmó- la declaración del señor Zapatero, porque la solidaridad de Francia en la lucha contra ETA no ha tenido nunca en cuenta a los distintos Gobiernos españoles». «Francia siempre ha estado al lado de España y Francia, nunca ha tenido un comentario sobre las diferentes evoluciones de la política española», aseguró. El ministro galo subrayó que «yo nunca doy lecciones a nadie ni me gusta que me las den». Confió en que la declaración de Rodríguez Zapatero obedeciese «al clima un tanto vivo que había en el Parlamento español en ese momento» y en que «no refleja la totalidad de su pensamiento, porque si alguien que ha sido solidario con España, tanto con el Gobierno del señor Aznar como con el del señor Zapatero, ese he sido yo». Sarkozy llegó hora y media tarde a la reunión, y se fue tras el almuerzo sin siquiera posar con sus colegas para la foto de familia. Eso sí, antes de irse les dejó un mensaje claro: «las regularizaciones no son una solución, llevan consigo un efecto llamada», como la que su país experimentó con la que realizó en 1997. Propuso un pacto entre todos, porque «una persona regularizada en España tiene derecho a entrar en Francia». «Si un país concede un permiso a un extranjero, lo da para el conjunto de los países de la zona Schengen». «Hay que decidir juntos, eso es Europa», recalcó. Rechazo español En la clausura de la reunión, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega afirmó que el Ejecutivo español «comparte» que «no debe haber regularizaciones sin más». No obstante, desligó lo que vulgarmente se califica de «regularización masiva» del proceso impulsado hace un año por el Gobierno, que calificó de «proceso de normalización de trabajadores extranjeros». La diferencia, insistió es que se legalizó a «sólo trabajadores con contrato, y con el acuerdo de los trabajadores, empresario y sindicatos». En esa idea abundó el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, quien en la rueda de prensa posterior señaló que la propuesta gala de prohibir las regularizaciones masivas «ha sido bien aceptada», pero pidió «acotar el término», pues regularizar de forma masiva es regularizar «a todos y sin condiciones, prescindiendo de contratos de trabajo y del acuerdo social» que, a su parecer, marcó el proceso español, en el que los extranjeros acreditaron un «vínculo» laboral previo. «España no está a favor de las regularizaciones masivas, donde no existe ese vínculo ni ese consenso», explicó.