La Europa mediterránea propone a la UE medidas para cerrar su frontera marítima a la inmigración

Los siete países mediterráneos de la UE propusieron ayer a las autoridades europeas medidas concretas para blindar su frontera marítima ante las avalanchas de inmigrantes africanos como las que padece Canarias. Responsables de Exteriores y de Interior europeos debatirán en Madrid cómo mejorar su capacidad operativa y qué medidas debe adoptar Europa para controlar la entrada de ilegales. A la reunión estaban convocados ministros y secretarios de Estado de Portugal, Grecia, Malta, Eslovenia, Italia, Chipre y España. También acudieron los comisarios de Seguridad y Justicia y de Exteriores de la UE, Franco Fratini y Benita Ferrero-Waldner, y miembros de la agencia europea de fronteras (Frontex). Precisamente, Ferrero-Waldner afirmó el jueves pasado que todos los países de la UE «tendrán que ceder» para superar la actual división ente los socios en materia de inmigración. España quiere formar un frente común con esos países -basado en su carácter de frontera sur- para apadrinar ante los Veinticinco propuestas concretas, con vistas sobre todo a lograr que las autoridades europeas destinen a reforzar su linde marítimo buena parte de los fondos que dedican al control de sus fronteras. En resumen, que el dinero vaya a la zona marítima por ser donde hay una presión migratoria mayor. El Ejecutivo también quiere que los países que sufren «en primera línea» el problema reflexionen sobre «cómo mejorar nuestras capacidades operativas» para hacer frente a las avalanchas de extranjeros, señalaron fuentes gubernamentales. Uno de los objetivos que persigue España es reforzar Frontex, que es aún «un bebé recién nacido, que ni siquiera tiene acuerdo de sede». En el 2007, esta agencia pasará de 1,5 millones a 20 millones de euros de presupuesto, y para el período 2007-2013 dispondrá de 287 millones. Policía europea Otro asunto sobre la mesa fue la creación de una policía europea de fronteras y un servicio europeo de guardacostas, iniciativas que el Gobierno considera «lógicas». Además, se abordó la cuestión de cómo canalizar las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen, cuya cuantía es ya más del doble de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países ricos al tercer mundo. En total, la AOD asciende en la actualidad a 60.000 millones de euros y las remesas superan los 135.000 millones. Lo mismo sucede, a menor escala, con España. El Gobierno quiere que de este encuentro salgan propuestas concretas para debatir en el Consejo Europeo de Justicia e Interior (JAI), del próximo 5 de octubre, y en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 20 de octubre.