De brazos cruzados mirando a Cataluña

La celebración de elecciones en Cataluña el 1 de noviembre ha alterado los planes legislativos del Gobierno. El resultado de esos comicios condicionará las alianzas parlamentarias para lo que resta de legislatura, y el Ejecutivo ha frenado por ahora la negociación de leyes relevantes a la espera de saber qué fuerzas políticas serán sus aliadas. Esa cita con las urnas también aplazará la celebración de dos debates a los que Rodríguez Zapatero concede especial importancia: la Conferencia de Presidentes y el debate sobre el estado de las autonomías. El curso parlamentario ha arrancado a medio gas, sólo el acuerdo casi unánime sobre la ley de dependencia ha roto la atonía. El parón responde a que el horizonte electoral de Cataluña condiciona buena parte de la agenda legislativa gubernamental. «Hasta después de las catalanas, nada», es el latiguillo que corre entre los diputados sin distinción de color político. El Gobierno, ante la evidente imposibilidad de acordar leyes con el PP, tiene que pactarlas con los minoritarios, pero CiU y ERC, las fuerzas con mayor peso, no quieren dar un paso hasta ver los resultados de los comicios del 1 de noviembre. Ante esta situación, el Ejecutivo ha optado por meter en el «congelador» del Congreso leyes como la de la memoria histórica, financiación de partidos, Universidades, Suelo o el Estatuto del Empleado Público. Las negociaciones con las fuerzas catalanas sobre estas iniciativas han entrado en un paréntesis hasta después de las elecciones autonómicas. Así se lo hicieron ver los portavoces de CiU, ERC e IC a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, durante la ronda de conversaciones que mantuvo con todos los representantes de los grupos parlamentarios a lo largo de septiembre para analizar el calendario legislativo y sondear con qué apoyos podía contar el Ejecutivo. Del mismo modo, las conversaciones para la renovación de los vocales del CGPJ, cuyo mandato expira el 7 de noviembre, han entrado en vía muerta ya que los socialistas, por un lado, no reciben respuestas positivas en este sentido del PP, y por otro, esperan a conocer qué socios tendrán tras las elecciones catalanas. Es distinto encarar una negociación de ese tipo con CiU como aliado que hacerlo con Esquerra. En el primer bienio de la legislatura y mientras el tripartito catalán gozó de buena salud, el Gobierno se apoyó en ERC e IU-IC para sacar adelante sus proyectos en el Congreso. Cuando la coalición se tambaleó y acabó por romperse, los socialistas atendieron los requiebros de CiU en detrimento de los republicanos, y la federación nacionalista se convirtió en los últimos meses en un fiel sostén de Rodríguez Zapatero.