Guinea Conakry y Gambia aceptan a sus nacionales por diez millones

Guinea Conakry y Gambia aceptaron este lunes repatriar a sus nacionales internados en centros para extranjeros de Canarias a cambio de diez millones de euros para financiar proyectos para el desarrollo. El primero de estos países repatriará a sus 156 nacionales y España subvencionará con cinco millones de euros diversos proyectos de cooperación. Gambia, a su vez, aceptará el regreso de 500 de sus ciudadanos a cambio de una cifra económica idéntica. Guinea Conakry es, a juicio del Gobierno español, «clave» por ser fronterizo con otros ocho estados emisores de emigrantes que pueden contagiarse de su actitud. El Ejecutivo guineano firmó el primer convenio de cooperación migratoria de «segunda generación», que combina la repatriación de sus nacionales «irregulares» con medidas de lucha contra las mafias y con ayuda al desarrollo para frenar las salidas masivas hacia Europa y fortalecer sus instituciones. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo guineano, Mamadi Condé, firmaron este acuerdo durante la visita que el canciller español hizo a Conakry, dentro de su quinta gira por África. Poco después, el ministro visitó Banjul, la capital de Gambia, cuyo responsable de Exteriores, Tidiane Gadio, aceptó suscribir un acuerdo similar. En el caso gambiano, el Gobierno pagará otros cinco millones de euros a cambio de la devolución de unos 500 de sus nacionales. España negocia convenios de este tipo también con Senegal y Cabo Verde, países más importantes por la cantidad de inmigración que generan hacia Canarias. El Gobierno confía en que la aceptación del acuerdo por Guinea Conakry y Gambia, primeros países que suscriben pactos de este tipo, anime a sus vecinos de la región, sobre todo a Senegal, a firmar compromisos similares. En la práctica, estos convenios obligan al país emisor a readmitir a todos sus nacionales sin derecho a residir en España. Identificación Para ello, bastará acreditar su nacionalidad mediante cualquier documento en que figure su identidad -servirán incluso los documentos caducados y las fotocopias- y que sea reconocido por el país de origen. Cuando eso no sea posible, la identificación podrá correr a cargo de agentes consulares del país emisor mediante una entrevista al inmigrante. Cumplido ese trámite, el extranjero recibirá un documento de viaje válido por 30 días que servirá para ejecutar la devolución. El acuerdo obliga a los firmantes a intercambiar información para combatir el tráfico de personas y el crimen organizado, a cooperar en el control de fronteras y formar policías y personal consular en materia de lucha contra la inmigración ilegal. Prevé además la contratación legal de mano de obra africana, según las necesidades del mercado de trabajo, y la puesta en marcha de programas de retorno voluntario y campañas de sensibilización, como la que el Gobierno y la ONU quieren realizar en Senegal, para que los inmigrantes conozcan los peligros que comporta viajar en Cayuco hasta Canarias. Guinea Conakry readmitirá a sus 156 nacionales que están en Canarias, que serán repatriados gracias a este acuerdo 'de segunda generación'. A cambio, el país africano recibirá cinco millones de euros -con lo que en cuentas no muy ortodoxas cada extranjero repatriado costará más de 32.000 euros- para invertir en proyectos de cooperación, cuyo objetivo es fomentar su desarrollo económico y su fortalecimiento institucional. En el caso de Gambia serán 500 inmigrantes a cambio de cinco millones, unos 10.000 euros por repatriación. España podría en el futuro aumentar el dinero destinado a Guinea Conakry y Gambia sustrayendo parte de otra partida de 20 millones prevista para invertir en el África occidental si estos países cumplen lo acordado. De lo contrario, el suministro de fondos podría ser suspendido. Moratinos acordó con el ministro guineano de Seguridad Pública, cargo equivalente al de Interior, que en los próximos días se traslade a Canarias una delegación de policías guineanos que se encargarán de identificar a sus compatriotas. El ministro español -que anunció la creación de una Embajada en Conakry- enmarcó este acuerdo en la «nueva filosofía que quedó establecida en Rabat», durante la cumbre sobre migraciones del pasado julio. En esa cita, la UE y los países africanos adoptaron estos acuerdos de segunda generación como modelo de futuro.