Garzón?deja?en 50.000?euros la fianza a Otegi por su buencomportamiento El Gobierno pide al PP «decencia cívica» en su papel de oposición El juez prohíbe una manifestación en Algorta a favor de los presos El perito sigue imputado por falsedad de documento

El juez Baltasar Garzón acordó ayer rebajar en 600.000 euros -de 650.000 a 50.000- la fianza del portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. El magistrado, con el apoyo de la Fiscalía, considera que el buen comportamiento del procesado durante los últimos seis meses demuestra que ha desaparecido el riesgo de fuga que, en marzo pasado, llevó a la Audiencia Nacional a exigirle una de las cauciones más altas impuestas por la justicia para eludir el ingreso en prisión. La Audiencia Nacional impuso el 29 de marzo pasado a Otegi 250.000 euros de fianza -a sumar a los 400.000 que ya tenía desde un año antes- para eludir el ingreso en prisión preventiva, por considerar que reincidió en un posible delito de pertenencia a banda armada en grado dirigente al organizar una huelga y desórdenes públicos en nombre de ETA y Batasuna, una organización suspendida de actividades. El portavoz independentista pasó nueve días en la cárcel madrileña de Soto del Real hasta que pudo depositar la fianza, compuesta en su mayoría por avales bancarios respaldados por el patrimonio de sus familiares. La medida acordada ayer complementa la dictada el martes pasado por Garzón, por la que relevó a Otegi de la obligación de presentarse a diario en la comisaría de la Ertzaintza más cercana a su domicilio, control que desde esta semana sólo tendrá que cumplir una vez cada quince días. La Fiscalía tampoco se opuso a esta medida. La sustancial rebaja de la fianza de Otegi y la relajación del control policial al que debe someterse, medidas a las que se han opuesto las dos acusaciones particulares, coinciden con el debate político y social sobre si los jueces y fiscales deben tener un papel activo a la hora de impulsar o facilitar el proceso de paz iniciado el 24 de marzo con el alto el fuego permanente de ETA. Las medidas también se adoptan después de que Batasuna haya defendido en público de forma reiterada que la persecución penal de sus dirigentes atasca el proceso de paz. El auto señala que lo cierto y verdad es que después de los meses transcurridos y de varios permisos de salida del territorio nacional, no ha incumplido ninguno de ellos». El Gobierno reclamó este viernes al Partido Popular por enésima vez que sea leal en política antiterrorista. En una semana en la que el partido de Mariano Rajoy ha vuelto a utilizar la lucha contra ETA como elemento de confrontación, el Ejecutivo apeló a la responsabilidad de los dirigentes de esa formación y les reclamó «altura de miras y decencia cívica», justo lo contrario que, a juicio del gabinete socialista, está haciendo el PP. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que la primera obligación del Ejecutivo, pero también del primer partido de la oposición, es trabajar por la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Destacó que todos los gobiernos, sean del color político que sean, merecen el máximo apoyo en estos casos y lamentó que el gabinete de Zapatero lo esté encontrando en la mayoría de la sociedad española, pero no en el primer partido opositor. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, repasa el acercamiento de presos, la rebaja de condenas y la excarcelación de algunos terroristas durante los gobiernos de José María Aznar y concluye con una denuncia sobre lo que en esos años ocurrió con el etarra Iñaki Bilbao. Blanco recuerda que el terrorista fue condenado a 52 años de prisión, que fueron reducidos a 30 por la acumulación de penas y que sólo cumplió 17. El juez Baltasar Garzón prohibió el acto a favor de los presos de ETA que la organización suspendida Askatasuna había convocado en la localidad vizcaína de Algorta, bajo el lema Presos políticos vascos en lucha, somos una nación, amnistia, autodeterminación. Askatasuna, presunta sucesora de Gestoras Pro-amnistía, está declarada ilícita dentro del sumario abierto en la Audiencia Nacional contra sus dirigentes históricos por un delito de integración en ETA. El magistrado cursó ayer una providencia a la Ertzaintza en la que le exige que tome todas las medidas necesarias para impedir la celebración del acto y prevenir cualquier tipo de incidente que pueda derivarse de la proscripción. Garzón también encarga a la policía vasca que comunique su decisión a los convocantes, para que se abstengan de convocar el acto, y que les aperciba de que si ignoran el mandato incurrirán en responsabilidades penales y deberán comparecer como imputados en la Audiencia Nacional. El auto judicial también comunica a la Ertzaintza que advierta a los promotores del acto de que se les exigirán responsabilidades penales en calidad de inductores del delito si se producen daños o desperfectos en las vías públicas originados por cualquiera de los asistentes a la concentración. El jefe de los peritos que relacionaron a ETA con el 11-M, Francisco Ramírez, aseguró ante la juez que nunca falseó el polémico informe sobre el ácido bórico y que se limitó a quitar los comentarios que le parecieron «elucubraciones y faltos de sustento» que vinculaban a la banda terrorista con la masacre de Madrid. Al termino de un interrogatorio de tres horas, la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, lo mantuvo como imputado de un delito de falsificación en documento.