El tribunal del caso Pipol rechaza las pruebas del fiscal que vinculan a Trashorras con el tráfico de dinamita

El magistrado Bernardo Donapetri, presidente de la Sección Octava de lo Penal de la Audiencia Provincial de Asturias, rechazó ayer incluir entre las pruebas a utilizar contra los veinte imputados del caso Pipol cuatro solicitadas por el fiscal antidrogas José Perals, que buscaba asentar mejor la acusación de tenencia de explosivos que dirige contra José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro. La presencia de los dos procesados por el 11-M hizo que la vista oral contra los veinte pretendidos integrantes de la banda desarticulada en 2001 por comprar droga en Galicia para venderla en Asturias se iniciase en medio de fuertes medidas de seguridad y una inusual expectación de los medios de comunicación. En casa de Suárez Trashorras y de Toro la Policía localizó, además, detonadores y cartuchos de dinamita, por lo que los dos acusados afrontan sendas penas de 17 años de cárcel. Son hechos muy anteriores y desconectados con el 11-M, aunque el fiscal antidroga de Asturias quiso traer la masacre de Atocha a la sala al reclamar al tribunal que admita nuevas pruebas, antiguas declaraciones de policías y peritos que apoyarían la acusación de tráfico de explosivos que dirige contra los dos acusados. Gerardo Turiel, defensor de Suárez Trashorras, se opuso y avanzó al tribunal que no aceptará que nadie mezcle el tráfico de drogas del que se acusa a su cliente con la matanza cometida tres años después. El presidente de la sala rechazó la petición del fiscal, al que recordó que ha tenido tiempo de sobra para presentar esas pruebas durante la instrucción del sumario, y ordenó el inicio de la vista, que comenzó con la lectura del escrito de acusación. El fiscal Perals solicita para los veinte acusados cerca de doscientos años de cárcel y un total de 1,5 millones de euros en concepto de multas. Su escrito hace constar que Toro y Suárez Trashorras «se dedicaban a la venta de cartuchos de dinamita goma-2 eco, no aportando la fuente de aprovisionamiento de dichos explosivos ofreciéndolos a la venta en los ambientes nocturnos de Gijón. Así, en concreto, en ese verano de 2001, Toro y Trashorras le ofrecieron dinamita en al menos tres ocasiones a Francisco Javier Lavandera». Para ellos reclama sendas penas de 17 años de prisión.