El PP actuará como acusación particular en el caso de Ciempozuelos
El PP pretende ejercer la acusación particular en el caso Ciempozuelos , un escándalo de corrupción urbanística en el pueblo madrileño que el viernes alcanzó su punto álgido tras ordenar el juez instructor el ingreso en prisión provisional de los dos ex alcaldes del municipio, ambos expulsados del PSOE. El consejero de Justicia del Gobierno madrileño, el leonés Alfredo Prada, anunció ayer la personación de su partido en las diligencias penales porque quiere saber si el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el PSOE han investigado a fondo este asunto o si lo han tolerado. Los dos ex alcaldes, Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón, que están acusados de cohecho y blanqueo de capitales, sólo podrán salir de la cárcel si antes pagan sendas fianzas de 900.000 euros. La investigación del caso se inició con la denuncia de Manos Limpias , que mantuvo que el alcalde de Ciempozuelos hasta hace unas semanas, Joaquín Tejeiro, había pactado con la promotora Esprode una comisión de 40 millones de euros a cambio de mantener la recalificación como urbanos de unos terrenos rústicos que ya había iniciado Pedro Antonio Torrejón. Recurso de la defensa El abogado del ex alcalde de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón va a interponer por su parte un recurso de reforma contra el auto de prisión, eludible bajo fianza de 900.000 euros, impuesto a su cliente, al considerar que la instrucción es «totalmente abrupta» y se encuentra «en un momento embrionario». «Vamos a interponer un recurso de reforma contra la decisión del juzgado, que se fundamentará en que en este momento de la instrucción no se puede aseverar ninguna de las manifestaciones que realiza el juez», dijo ayer Marino Turiel, abogado de Torrejón. En opinión del letrado «no se ha acreditado que haya habido una actuación lícita o ilícita del alcalde en función del planeamiento de Ciempozuelos porque éste estaba perfectamente definido, incluso por el PP, y es más, la actuación del alcalde va orientada expresamente a limitar esa edificabilidad», señaló el letrado.