Casi el 10% de los papeles y permisos de inmigrantes se resuelven casándose

No hay estadísticas oficiales sobre los trucos burocráticos que utiliza la inmigracion para asentarse en la provincia, desde permisos turísticos para unos pocos días o semanas, que luego se hacen eternos, hasta los que, sin más, traslada el Gobierno desde el lejano subsáhara africano vía Canarias. La mayoría, sin embargo, son ciudadanos sudamericanos o de los países de la Europa del Este que llegan por la primera de estas vías y luego se hacen un hueco con el decreto de «papeles para todos» del ministro Caldera a base del primer empleo precario que encuentran y luego procuran aposentar tirando como pueden. El objetivo es quedarse como sea y entre los que tienen la suerte de llegar destaca un 75% de mujeres que aspiran a convertirse en ciudadanas españolas y de la UE con uno de los recursos más antiguos: el del matrimonio. También hay otro 25% de varones. Según el responsable de la Oficina de Inmigración de UGT, Miguel Angel Cueto, no es frecuente la picaresca, «aunque la hay». Por su despacho pasa cada año una media de treinta inmigrantes pidiendo que les asesoren para arreglar los papeles del casamiento y, amores, aparte, obtener así un permiso comunitario de cinco años de trabajo y residencia. «En la provincia, teniendo en cuanta la cuota de asesoramiento que menejamos nosotros cada año, pueden superar fácilmente los cien y, acumulados en la última década bastantes más de un millar, tal ver el 20% de los actuales residentes». Si el matimonio funciona, al cabo de diez años podrán incluso, obtener la nacionalidad española, plazo que se reduce a sólo dos sí el país de origen es cualqiera de Sudamérica o Filipinas en honor a las antiguas colonias españolas, muchos de cuyos ciudadanos descendientes de hispanos tienen también en primera línea de parentesco la doble nacionalidad. Lo mismo vale para los matrimonios en Andorra y Portugal, se supone que por vecindad geográfica. Cientos cada año En la Subdelegación del Gobierno ni se molestan en en constrastar estas estimaciones y, menos aún, en dar otras propias, a pesar de que los inmigrantes, después de casarse, tienen que pasar por largos interrogatorios policiales cuando solicitan permisos de residencia definitivos. Cuando llegan al juzgado en el peor de los casos el titular y el secretario pregunta en «audiencia reservada» sobre el futuro contrato de matrimonio, por si de la documentación previa se deduce alguna sospecha de picaresca o fraude, pero luego en Comisaría, según Cueto, «los inetrrogatorios son tan duros que a menudo bordean la ley, si es que no la pasan». En el registro civil de León tampoco hay estadísticas detalladas sobre matrimonios mixtos entre españoles y extranjeros, pero sus responsables coinciden básicamente en sus estimaciones con las de UGT: alrededor de un centenar de matrimonios al año en el entorno de León capital. Se añade un segundo dato que, con el tiempo, adquiere relevancia: aproximadamente una tercera parte de los matrimonios mixtos acaban en divorcio al poco tiempo de celebrarse y la burocracia oficial empieza otra vez.