Encarcelados tres policías que se inventaron una trama sobre el 11-M

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el ingreso en prisión de tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y tres civiles acusados de formar parte de una trama de corrupción policial y de tráfico de drogas. El cuarto policía arrestado, Luis López Hidalgo, sale en libertad con fianza de 10.000 euros, porque no participó materialmente en los hechos, aunque estaba enterado de ellos. La resolución se conoció el martes por la noche, después de que el magistrado interrogase durante las últimas 24 horas a los siete sospechosos y a otros tres policías con imputaciones menores, que se encuentran en libertad provisional. Uno de los policías encarcelados, Celestino Rivera, intentó suicidarse con pastillas mientras estaba en los calabozos de la Audiencia Nacional, pero la rápida intervención del agente que le custodiaba salvó su vida. El juez, a petición del fiscal, encarceló al agente José Luis González Clares; al presunto traficante Manuel Romero Moreno; a su esposa, Isabel García; y al abogado Gerardo Hermoso, ante la gravedad de los delitos y el peligro de destrucción de pruebas. Del Olmo les imputó a los cuatro primeros los delitos de tráfico de drogas, explosivos y detención ilegal. Al abogado Hermosilla le achaca sólo un delito de tráfico de drogas y detención ilegal, según indicaron fuentes judiciales. Los otros dos encarcelados, los policías Celestino Rivera y Antonio Jesús Parrilla, están imputados por un delito de revelación de secretos con grave perjuicio para la causa pública, por haber filtrado a El Mundo unas investigaciones judiciales secretas. Todos los detenidos han asegurado al juez instructor que no han cometido delito alguno y han negado los hechos que se les imputan. Los investigaciones tratan de esclarecer una presunta trama de policías destinados en comisarías madrileñas y delincuentes que se han confabulado para la realización de diversas actividades delictivas, principalmente relacionadas con el tráfico de drogas. No obstante, las indagaciones se basan en dos sucesos concretos: la simulación de un delito de tráfico de explosivos, para implicar a un traficante competidor, y la conspiración para retirar a una inmigrante rusa la custodia de su hija. La entrega de «goma 2» El primer hecho se produjo en agosto pasado, cuando Romero, supuesto confidente de González y López Hidalgo, presentó una denuncia en que decía que le habían dado un paquete para entregar en Leganés. Dijo que él creía que llevaba droga, pero que cuando lo abrió comprobó que contenía cinco kilos de «goma 2 Eco». El hallazgo, que hizo pensar en una trama terrorista, motivó la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional. Según las averiguaciones, cuando el juez Del Olmo archivó las diligencias, por descartar la existencia de un hecho delictivo, lo denunciado fue filtrado a un periodista de El Mundo con la intención de relacionarlo con la matanza del 11-M, en la que los islamistas que se suicidaron en Leganés usaron el mismo explosivo. Los pinchazos telefónicos autorizados por el juez implicaron a Rivera y Parrilla en la transmisión de la información de las diligencias secretas al diario. Los investigadores consideran que fue González quién le dio los explosivos a Romero para que simulase el delito. El segundo hecho investigado es la participación de González y López Hidalgo, a través de la esposa de Romero, en una conspiración para implicar a una ciudadana rusa en un delito de tráfico de drogas para lograr que le retirasen la custodia de su hija. Los hechos se habrían producido a petición del abogado Hermoso, ya que su hijo es el padre de la niña. Pastillas para el corazón El susto de la jornada se produjo a primera hora de la tarde, en los calabozos de la Audiencia Nacional, cuando Celestino Rivera intentó suicidarse al ingerir casi un tubo completo de las pastillas que toma por prescripción facultativa para paliar sus problemas cardiacos. Rivera ejecutó esta drástica decisión justo después de prestar declaración ante el juez y de escuchar como el fiscal pedía a Del Olmo su ingreso en prisión provisional. El imputado salvó la vida gracias a la rápida intervención de uno de los policías que le custodiaba, que le obligó a vomitar los fármacos. La dotación médica de una ambulancia del Samur se desplazó a la Audiencia Nacional para atender al detenido, cuya vida no corre peligro.