El Gobierno pretende hacer de la reforma del Código Penal su punta de lanza contra la corrupción en los ayuntamientos. El anteproyecto que el Ejecutivo quiere llevar en breve al Parlamento endurece los castigos a los servidores públicos que acepten comisiones de constructores o empresarios, pero también aumenta las penas a las personas o empresas que sobornen a los funcionarios y altos cargos de cualquier administración. Bastará sólo con intentar cohechar a un cargo público para sentarse en el banquillo. Las modificaciones -que tienen la bendición de la Fiscalía Anticorrupción en sus líneas generales- afectan a 15 preceptos e incluyen la creación de dos capítulos específicos en el nuevo articulado para perseguir estas prácticas fraudulentas. Así nace una sección especial sobre «la administración fraudulenta» (antes delitos societarios), que se castigará con una pena mínima de un año de cárcel, y otra sobre la «corrupción entre particulares». Los cambios más importantes están relacionados con el cohecho, que, de aprobarse el borrador del Gobierno, conllevará el inmediato ingreso en prisión del funcionario condenado, ya que la pena mínima pasa de dos a tres años cárcel (el castigo máximo por este ilícito será de seis años). Pero también supondrá el encarcelamiento del corruptor. Un nuevo artículo recoge que el «particular que entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad o funcionarios público (...) será castigado con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad o funcionario o persona corrompida». Es más. Se tipifica como delito el simple intento de cohechar a un servidor público. Sólo entregar el dinero o la dádiva o comenzar unas negociaciones para cohechar será delito, aunque el favor no se haya completado. En ese caso, las penas a ambos serán menores. Cinco años de ostracismo La reforma también busca apartar de los negocios públicos a las empresas que en algún momento han intentado sobornar a cargos o funcionarios, una insistente petición de la Fiscalía. La nueva redacción propuesta por el Ejecutivo determina que si el delito de cohecho tiene lugar durante un concurso público o subasta de un ente público, el particular o la compañía será además condenada a la
. También habrá tiempo para que el particular se arrepienta y sobre todo colabore con la justicia. El empresario no cometerá cohecho si, «habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva», denuncia la petición de soborno a la policía. Eso sí, siempre que no se haya abierto ya una investigación y que no hayan pasado más de diez días desde que el servidor público le hubiera exigido una comisión. El nuevo código tipificará el cohecho, más allá de intentar sobornar a una autoridad española. El mismo tratamiento penal que tratar de comprar a un funcionario nacional tendrá el cohechar a un «funcionario comunitario o a un funcionario nacional de otro estado miembro de la Unión». Algo menos castigado estará el soborno a un «funcionario público extranjero» (no de la UE) o a un «funcionario de una organización internacional». Comprar a estos servidores más allá de las fronteras europeas estará castigado con dos a seis años de cárcel, por lo que no siempre conllevará la cárcel. El otro gran esfuerzo del Gobierno será la lucha contra la corrupción privada y la mala administración de las empresas. Después de casos recientes como Fórum o Afinsa, la Fiscalía había defendido modificaciones urgentes que ahora el Ejecutivo ha atendido. El anteproyecto plantea reformas en otra decena de artículos para ordenar y tipificar esas malas prácticas en la gestión. Llevarán aparejadas penas de cárcel de entre uno y dos años la introducción de «datos falsos relativos al estado contable», el «incumplimiento de la obligación de llevanza de libros de comercio», la alteración de esas anotaciones o la «elaboración de balances oficiales que no reflejen el estado patrimonial». «Falsear balances» de empresas que coticen en el mercado de valores será un delito aún más grave, que podrá ser condenado con hasta cuatro años de cárcel si lo que pretenden con esas añagazas es «conseguir captar inversores u obtener créditos o préstamos». El simple hecho de «difundir noticias o rumores» falsos sobre el estado económico de una empresa para alterar el precio de cotización de la misma será penados con hasta dos años, el mismo castigo que utilizar información privilegiada para «realizar transacciones». Las mafias van a estar bajo continua sospecha. Al menos eso es lo que pretende el Gobierno con la reforma de varios artículos del Código Penal que invierten la carga de la prueba: a partir de la aprobación del futuro texto, los miembros de las organizaciones criminales deberán probar que su dinero y bienes son legales y no recaerá sobre los tribunales el trabajo de demostrar su procedencia sucia. «Se entenderá -dice uno de los nuevos artículos- que proviene de la actividad delictiva el patrimonio cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos legales de las personas condenadas por cualquier delito cometido en el seno de una organización criminal». Además, la ley perseguirá a las empresas controladas por esas mafias después de su desaparición. Los nuevos preceptos fijan que aunque los delincuentes organizados «transformen, fusionen o escindan» esas compañías, la «responsabilidad penal» no se extinguirá. Los jueces igualmente podrán «acordar el decomiso» de esas empresas mafiosas «aun cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal». Eso sí, «siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita» de la firma.
Apoyo de jueces y fiscales Las reformas propuestas por el Gobierno han tenido en un 90% el apoyo de la Fiscalía y de su departamento Anticorrupción, que ven con buenos ojos el endurecimiento de los castigos para estos delitos. En particular, han aplaudido las medidas propuestas para dar una «mayor respuesta penal a la vulneración de las normas de transparencia y objetividad en la adjudicación de contratos públicos», como el castigo al ostracismo de las empresas tramposas. Tampoco el Consejo General del Poder Judicial ha atacado de manera especial la filosofía de estas modificaciones para combatir el cohecho y la corrupción, por lo que se espera que no sea un aspecto demasiado polémico en su paso por las cámaras.
