El Código Penal castigará por igual a los políticos corruptos y a sus corruptores

El Gobierno pretende hacer de la reforma del Código Penal su punta de lanza contra la corrupción en los ayuntamientos. El anteproyecto que el Ejecutivo quiere llevar en breve al Parlamento endurece los castigos a los servidores públicos que acepten comisiones de constructores o empresarios, pero también aumenta las penas a las personas o empresas que sobornen a los funcionarios y altos cargos de cualquier administración. Bastará sólo con intentar cohechar a un cargo público para sentarse en el banquillo. Las modificaciones -que tienen la bendición de la Fiscalía Anticorrupción en sus líneas generales- afectan a 15 preceptos e incluyen la creación de dos capítulos específicos en el nuevo articulado para perseguir estas prácticas fraudulentas. Así nace una sección especial sobre «la administración fraudulenta» (antes delitos societarios), que se castigará con una pena mínima de un año de cárcel, y otra sobre la «corrupción entre particulares». Los cambios más importantes están relacionados con el cohecho, que, de aprobarse el borrador del Gobierno, conllevará el inmediato ingreso en prisión del funcionario condenado, ya que la pena mínima pasa de dos a tres años cárcel (el castigo máximo por este ilícito será de seis años). Pero también supondrá el encarcelamiento del corruptor. Un nuevo artículo recoge que el «particular que entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad o funcionarios público (...) será castigado con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad o funcionario o persona corrompida». Es más. Se tipifica como delito el simple intento de cohechar a un servidor público. Sólo entregar el dinero o la dádiva o comenzar unas negociaciones para cohechar será delito, aunque el favor no se haya completado. En ese caso, las penas a ambos serán menores. Cinco años de ostracismo La reforma también busca apartar de los negocios públicos a las empresas que en algún momento han intentado sobornar a cargos o funcionarios, una insistente petición de la Fiscalía. La nueva redacción propuesta por el Ejecutivo determina que si el delito de cohecho tiene lugar durante un concurso público o subasta de un ente público, el particular o la compañía será además condenada a la