IU y ERC mantienen el veto a la Ley de Memoria Histórica

IU-ICV y ERC, los dos grupos políticos que, junto al PP, han presentado enmienda a la totalidad a la ley de la Memoria Histórica presentada por el Gobierno, rechazaron ayer los retoques ofrecidos por el Ejecutivo, en especial el referido a la anulación «simbólica y moral» de los llamados juicios sumarísimos. De este modo, ambas formaciones confirmaron que mantienen su respectivas enmiendas de totalidad con texto alternativo que serán debatidas y votadas en el pleno del Congreso el próximo jueves. En declaraciones a Efe, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardá, insistió en que la posición de su grupo está «en las antípodas» de la propuesta del Gobierno que, a su juicio «consagra la impunidad» del régimen franquista. «El proyecto del Gobierno nos parece una infamia y un insulto a las víctimas», insistió Tardá, quien dejó claro que ERC no aceptará ninguna ley que no declare la «ilegitimidad» del franquismo y que, por tanto, anule jurídicamente los juicios «civiles y militares» celebrados durante ese periodo. Dificultades jurídicas El portavoz republicano negó que existan dificultades jurídicas para anular los procesos sumarísimos y apuntó como causas a los «problemas políticos» del Gobierno y a las presiones recibidas desde altos estamentos de la judicatura y las Fuerzas Armadas. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, emplazó ayer al Gobierno a que modifique «por completo» el proyecto de ley, puesto que, a su juicio, es un «fraude» para las expectativas de las víctimas y de los demócratas españoles. Durante una rueda de prensa en la sede de IU, Llamazares advirtió al Gobierno de que «se ha metido en un callejón sin salida» porque «con esta lógica del miedo y del silencio no va a callar al PP», que, a su juicio, no reconoce la legitimidad de la memoria, de la República y del antifranquismo. «Lejos de ser una ley de la memoria, de la justicia y de la reparación, es una ley de miedo y del silencio que vuelve de nuevo a la equidistancia y no anula las sentencias de los tribunales ilegítimos de la dictadura», afirmó.