La Junta afirma que ordenó paralizar la cantera de Mirantes hace quince días

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer en las Cortes que hace más de quince días que la Delegación Territorial de la Junta en la provincia de León dio orden de paralizar los trabajos que se vienen realizando en la cantera La Tijera, ubicada en el término municipal de Barrios de Luna. En concreto, el titular de Medio Ambiente afirmó que el pasado 27 de noviembre se dicta la orden que obliga a la empresa Explotaciones Mineras de Navaleo S.L. a paralizar su actividad, algo que fue rotundamente negado por la procuradora socialista por León, Inmaculada Larrauri, quien aseguró ante el pleno de Fuensaldaña que «a día de hoy (por ayer) continúa habiendo explosiones y extracción de caliza» en dicha cantera. Durante un breve aunque intenso debate, Larrauri acusó a la Junta de estar siendo cómplice de un auténtico «delito ecológico» en la zona, que, según reiteró, cuenta con la calificación de Espacio Natural Protegido, Zona de Especial Protección de las Aves y, por lo tanto, Lugar de Interés Comunitario. Tras recordar que la Junta autorizó en el 2002 el reinicio de los trabajos en esta cantera sin contar con la correspondiente declaración de impacto ambiental y que posteriormente la empresa Navaleo pidió autorización para trabajar en una superficie mucho menor de la que realmente estaba siendo utilizada, la procuradora socialista denunció que «se han provocado unos daños irreparables» en un paraje que según la propia Facultad de Biología de León constituye «un auténtico jardín botánico». «Los hechos se han consumado, el daño está hecho, y usted no ha hecho nada por impedirlo», aseguró Larrauri mientras otra procuradora socialista mostraba al resto de miembros de la Cámara las fotos del sabinar en el que se calcula que se han arrancado ya más de un centenar de árboles, lo que provocó una llamada de atención por parte del presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, ya que, según figura en el Reglamento parlamentario, «no pueden actuar dos procuradores en una misma pregunta al Ejecutivo autonómico». Segundo delito ecológico Larrauri insistió en que los trabajos no sólo no se han paralizado sino que están dando lugar a un segundo delito medio ambiental: el vertido de litros de aceite de las máquinas. En respuesta, Fernández Carriedo, quien recordó que la normativa de Castilla y León para la extracción de áridos «es la más rigurosa de España», explicó que el 13 de noviembre técnicos de su consejería visitaron la cantera y que sólo dos días después se elaboró la orden de paralización. Esta orden se dictó el 27 de noviembre, mientras que, según afirmó, el PSOE solicitaba la paralización el 4 de diciembre y, una semana más tarde, registraba su pregunta. A esta afirmación, el procurador socialista Antonio Losa le contestó: «Poco manda usted en León, señor Carriedo».