Las personas jurídicas podrán ser acusadas de delitos urbanísticos

Los casos de corrupción urbanística que aparececen a diario en España encontrarán respuesta en la reforma del Código Penal que ayer aprobó el Consejo de Ministros, ya que, según anunció la vicepresiden-ta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, «habrá penas mayores para nuevos delitos o delitos más graves, entre ellos los urbanísticos». De la Vega calificó la reforma de «ambiciosa y, a todas luces, necesaria» para combatir de manera «eficaz» las nuevas formas de delito y las maneras de operar de los delincuentes. «Si me preguntan si las reformas del Código Penal, en general, endurecen las penas, la respuesta es sí», afirmó. Según el texto del proyecto de ley -que propone 113 cambios legales- la lucha contra los delitos urbanísticos se refuerza al recogere nuevas modalidades delictivas, la elevación de las penas a los responsables y la inclusión por primera vez de las personas jurídicas -so-ciedades mercantiles- como posibles autoras de delito. El proyecto de reforma será remitido ahora al Congreso para su tramitación. Vinculado con la persecución de la corrupción urbanística, se incrementa hasta los seis años la pena por delito fiscal para los supuestos más graves, como testaferrías, estructuras organizadas o fraudes de gran cuantía. El juez contará a partir de su aprobación de mayores facilidades para investigar el patrimonio de quien delinque y se luchará contra las actividades de los mediadores a través de la tipificación de nuevos delitos que sancionan estos comportamientos dirigidos a ocultar fraudulentamente patrimonios e inversiones ajenas. En relación con los delitos económicos, se podrá perseguir a quienes falseen las cifras o informes sobre el estado económico de las empresas, incluyendo a los auditores, que anteriormente no figuraban entre los posibles autores del delito. El anteproyecto que será enviado al Congreso también pone el punto de mira en los casos de corrupción, tanto públicos como privados. Endurece el tratamiento del cohecho, que a partir de ahora supondrá el encarcelamiento inevitable de los autores -el funcionario y el proponente-, ya que eleva la pena mínima de dos a tres años de prisión y tipifica como delito el simple intento de cohechar al empleado público, con independencia del resultado. Las empresas que intenten estos sobornos para ganar concursos quedarán apartadas de las pujas durante cinco años. Otra de las prioridades es la persecución del crimen organizado. Así, pertenecer a una asociación para delinquir tendrá un castigo de 2 a 6 años de cárcel, la jefatura de la misma, de 6 a 9, y la colaboración con la organización, de 2 a 4 años. Estas penas se sumarían a las que los mafiosos fuesen acreedores por los delitos cometidos (tráfico de drogas, robos, asesinatos, etc.). Además, los jueces podrán decomisar los bienes de estos delincuentes profesionales que no se correspondan con sus ingresos legales declarados, ante la suposición de su origen ilegal. El anteproyecto remitido al Congreso endurece las penas contra los delincuentes habituales y, sobre todo, establece un régimen penitenciario más severo para asegurar el cumplimiento efectivo de penas y controlar cómo se comportan tras su excarcelación. La reforma propone restricciones para que accedan al tercer grado (la semilibertad) y a la libertad condicional. Tratamiento del cohecho Apartir de su aprobación supondrá el encarcelamiento de los autores -el funcionario y el proponente-, ya que eleva la pena mínima de dos a tres años de prisión. Las empresas sancionadas no podrán acudir a otro concurso hasta transcurridos 5 años. Administración desleal Incluye como delito los manejos abusivos del administrador o de los socios de una empresa. Establece la responsabilidad de los auditores, castiga la creación de sociedades falsas o tapaderas de fraudes, la difusión de informaciones financieras falsas o el falseamiento de balances. Víctimas de delitos Se busca garantizar, por primera vez en un texto legal, que las víctimas de los delitos comunes cobren de forma efectiva el dinero establecido en las sentencias, que debe paliar sus pérdidas, daños, lesiones o padecimientos psíquicos y morales. Los cambios obligarán a los jueces a investigar a fondo el patrimonio de los delincuentes. Persecución del crimen Se crea el delito de pertenencia a una asociación con el fin de delinquir. Las penas se sumarían a las que los mafiosos fuesen acreedores por los delitos cometidos. Además, los jueces podrán decomisar los bienes de estos delincuentes profesionales que no se correspondan con sus ingresos legales declarados.