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Aprueba un plan urgente para mejorar la eficacia de la ley integral que desarrolló el Ejecutivo

El Gobierno duplicará los juzgados exclusivos para violencia de género

Las nuevas medidas cuentan con un presupuesto adicional de 48 millones

María Teresa Fernández de la Vega junto a Jesús Caldera

Publicado por
Natalia Bore - redacción | lavoz
León

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Con el nada alentador balance de 64 asesinadas en lo que va de año -que el cómputo de las asociaciones de mujeres elevan a 88-, el Consejo de Ministros aprobó ayer un catálogo de veinte medidas urgentes para luchar contra la violencia de género, además de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención. Con un presupuesto global de 48 millones de euros, 33 de ellos para las medidas de urgencia y los casi 15 restantes para el plan de implementación contemplado en la Ley Integral, el objetivo de ambas iniciativas es doble: proteger a las mujeres e inhibir el comportamiento de los maltratadores, según confirmaron María Teresa Fernández de la Vega y Jesús Caldera. El conjunto de medidas aprobado ayer pretende mejorar la respuesta frente a la lacra social del terrorismo de género, tanto institucional como social. «Se trata de que la ley pase del papel a los hechos con mayor celeridad, del temor de las víctimas a la seguridad, de la impunidad de los agresores a la aplicación de la ley», subrayó De la Vega. Entre las medidas urgentes que se pondrán en marcha durante el próximo año están la creación de 42 nuevos Juzgados exclusivos de violencia y otros tantos fiscales especializados (11 millones de euros), 222 efectivos policiales (otros siete millones) más para proteger a las víctimas que, además, ten-drán garantizada la asistencia letrada gratuita las 24 horas del día. Igualmente se extenderá a todas las mujeres con órdenes de protección o alejamiento el servicio de teleasistencia móvil (cuatro millones de euros) que, según apuntó Caldera, «ha permitido evitar muchas agresiones». Protocolo sanitario La elaboración de un protocolo sanitario o la inversión de casi 7,5 millones de euros en la asistencial social integral a las víctimas de violencia completan la batería de medidas, en la que también se recogen planes concertados con empresas para dar empleo a las víctimas o los polémicos programas de reha-bilitación de maltratadores, a los que el Ministerio destinará la nada desdeñable -y criticada desde las organizaciones de mujeres- cifra de cuatro millones de euros. Igual cuantía está prevista para campañas publicitarias de sensibilización. El Gobierno contempla la posibilidad de crear un Registro Central de Maltratadores que agrupe todas las condenas por este tipo de delitos, dijo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aunque no está decidido. Sin la premura de las medidas urgentes, el Plan de Sensibilización y Prevención incide en la necesaria especialización de todos los sectores encargados de proteger y atender a las víctimas, de jueces y fiscales, a policías, médicos, asistentes sociales y otros. Impulsará un protocolo común de atención sanitaria, con especial atención a mujeres inmigrantes y discapacitadas. Habrá campañas permanentes de sensibilización social y «beligerancia» contra la violencia machista en los medios de comunicación y en la publicidad.