Por el asalto a la embajada de 1980 y la muerte de cuatro sacerdortes
España reclama a Guatemala a dos ex presidentes por genocidio
La causa en la Audiencia Nacional la inició la Nobel Rigoberta Menchú, hija de una víctima
Los sanitarios intentaron sin éxito reanimar a una de las víctimas
El Consejo de Ministros pidió ayer a las autoridades de Guatemala que detenga y extradite a España a dos ex presidentes y cinco altos cargos y generales golpistas del país centroamericano acusados del genocidio sistemático de la población indígena (mayas) a principios de los ochenta. La causa contra los presuntos genocidas se instruye en la Audiencia Nacional desde 1999, alentada por una querella de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, cuyo padre fue uno de los centenares de víctimas de la represión dictatorial entre 1980 y 1982. La luz verde para emprender la investigación definitiva la dio el año pasado el Tribunal Constitucional, con una sentencia pionera que declaró la competencia de los tribunales españoles para perseguir crímenes contra la humanidad ocurridos en cualquier parte del mundo. El Gobierno, a petición de la Audiencia Nacional, solicita la entrega a España de los ex presidentes Benedicto Lucas García y José Efraín Ríos Montt, del ex ministro del Interior Donaldo Álvarez y de los ex altos cargos y militares golpistas Ángel Anibal Guevara, Germán Chupina, Pedro García Arredondo y Óscar Humberto Mejía. Están acusados de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato, detención ilegal, incendio y allanamiento de oficina pública. La Audiencia Nacional, que tiene dictadas órdenes de detención internacionales contra los siete imputados desde hace más de un año, recibió el jueves una comunicación de las autoridades panameñas que le decía que creían haber detenido a Donaldo Álvarez. Sin embargo, la policía del mismo país dejó ayer en libertad al arrestado al no haber una coincidencia total de sus huellas dactilares con las del prófugo. Quemados vivos El episodio central del sumario es la masacre ocurrida el 31 de enero de 1980 en la embajada de España. Según declaró en el 2000 el embajador español Máximo Cajal y López, en la primera diligencia judicial, los comandos especiales del ejército masacraron en el interior de la legación a 37 personas desarmadas (34 campesinos y tres diplomáticos españoles), cuando ya habían pactado con él su entrega a Cruz Roja Internacional. Cajal y López fue el único superviviente. Las víctimas eran líderes campesinos, obreros y estudiantes, entre ellos el padre de Menchú, que ocuparon de forma pacífica la embajada para reclamar una investigación oficial para los centenares de asesinatos de indígenas, las torturas y violaciones. Cajal y López explicó que todos los esfuerzos de España para evitar la masacre fueron nulos y que ni Donaldo Álvárez ni el presidente Benedicto Lucas García quisieron ponerse al teléfono. Los cuerpos especiales asaltaron la embajada, incendiaron el edificio con lanzallamas y provocaron la muerte de los manifestantes. Otro de los episodios que se investiga es el asesinato, en diferentes momentos del régimen, de cuatro sacerdotes españoles -Faustino Villanueva, José María Gran, Juan Alonzo y Carlos Pérez- comprometidos con los indígenas.