Los guardias civiles ya no podrán ser sancionados con penas de cárcel

El Consejo de Ministro aprobó este viernes un anteproyecto de reforma del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que por primera vez excluye la posibilidad de que los agentes puedan ser sancionados con penas de cárcel cuando cometan infracciones mientras realizan funciones policiales. El nuevo texto, que el Gobierno enviará al Congreso para su aprobación, asegura que los agentes ya no estarán sometidos al Código Penal Militar, salvo en caso de guerra o de integración en unidades bélicas, por lo que el Ejecutivo otorga a los miembros del cuerpo un régimen disciplinario similar al de la Policía Nacional. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó ayer que el Gobierno cumple con esta reforma una de las dos promesas electorales hechas a los miembros del instituto armado y que en las próximas semanas cumplirá la segunda, la aprobación del Estatuto de Derechos y Deberes, que entre otras cosas regulará la posibilidad de canalizar reivindicaciones laborales a través de asociaciones. No obstante, Rubalcaba recordó que ambas reformas son «compatibles» con la permanencia de la naturaleza militar de la Guardia Civil, que es un hecho que «se va mantener mientras gobierne el PSOE». El anteproyecto, que tendrá que ser informado por el Poder Judicial y por el Consejo de Estado antes de su remisión definitiva al Congreso, establece un régimen disciplinario distinto para los agentes cuando son policías que cuando actúan como militares -estado de guerra o excepción, misiones internacionales o integración en unidades del Ejército-, en cuyo caso sí que podrán ser arrestados y se les aplicará el Código Militar. La reforma otorga más funciones al Ministerio del Interior, que a partir de ahora será quien proponga al Ministerio de Defensa cuándo un agente debe ser separado del servicio por una sanción muy grave. El cambio del texto aprovecha para introducir como infracciones muy graves comportamientos como el acoso o discriminación sexual, racial, moral o psicológica; el acoso laboral; la revelación de secretos oficiales; la negativa a someterse a controles de consumo de alcohol o drogas; y las acciones atentatorias contra la libertad sexual. Artículos obsoletos El borrador legal aprovecha también para eliminar del régimen disciplinario de la Guardia Civil infracciones que se consideraban obsoletas, como realizar «manifestaciones de tibieza o disgusto» o la prohibición del «mantenimiento de relaciones sexuales en el acuartelamiento con trascendencia pública», y otras demasiado indeterminadas, como las acciones que «no estando incluidas en los tipos anteriores constituyan sanción». La principal asociación de la Guardia Civil, la AUGC, que agrupa a unos 25.000 afiliados, criticó ayer el anteproyecto gubernamental y lo tildó de «negativo y cicatero». En un comunicado aseguran que el texto nuevo tiene «una mayor dureza sancionadora que el actual», mantiene competencias disciplinarias en el Ministerio de Defensa y es ambiguo en las situaciones en que aún será de aplicación el Código Penal Militar. La AUGC considera también que hubiese sido «más lógico» aprobar antes el Estatuto de Derechos y Deberes que la reforma del régimen disciplinario. Aumento salarial El anuncio del cambio legal coincidió ayer con la aprobación por el Consejo de Ministros de un aumento retributivo medio anual para la Policía Nacional de 1.470 euros y de 1.481 euros para la Guardia Civil. La subida salarial duplica y, en algunos casos, triplica el incremento medio de los funcionarios públicos. Si se analiza el salario mensual percibido por un policía y un guardia civil bases, la aplicación de las mejoras del Real Decreto supone un incremento bruto del 6,28%.