El juez acusa a un gabinete jurídico de blanquear dinero de Roca
El juez que instruye el caso de corrupción urbanística en Marbella, Miguel Ángel Torres, acusa a un gabinete jurídico de dar apariencia legal a las operaciones urbanísticas irregulares del presunto cerebro de la «operación Malaya», Juan Antonio Roca. Según el juez Torres, el equipo de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor ayudó a Roca durante diez años a blanquear capitales procedentes de sus especulaciones urbanísticas. Según se desprende de los últimos 9 tomos del sumario de este caso, el juez impuso una fianza de 100 millones de euros a los abogados para asegurar las «eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa». Según el magistrado, se trata de una cantidad prudente que incluso «podría aumentarse», ya que existen suficientes indicios de un presunto delito de blanqueo de capitales. El sumario refleja que los imputados de este despacho, detenidos en la primera fase, «desempeñaron una intervención crucial» en el ocultamiento de gran parte del patrimonio de Roca mediante el entramado societario que se creó para ese fin. El juez Torres argumenta que el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, todavía en prisión, ha prestado durante los últimos años un servicio integral al presunto cerebro de la trama de corrupción. Este servicio «integral» prestado por los letrados consistía en constituir las sociedades y aparecer como titulares de éstas, mantener cuentas en Suiza o en paraísos fiscales, obtener hipotecas garantizadas con bienes inmuebles adquiridos mediante «prácticas delictivas o financiadas con fondos ilícitos». Documentación en un zulo La última parte del sumario levantada por el juez Torres arroja más datos escabrosos sobre la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella. Por ejemplo, ha salido a la luz que la Policía encontró en la sede social de la empresa CCF 21 en Madrid, sociedad de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, ambos imputados en el caso, un zulo de 10 metros cuadrados que se encontraba bajo uno de los despachos, al que se accedía mediante una trampilla bajo clave numérica. En el zulo había escondidos «numerosos legajos» de documentación, relativa a fincas rústicas. Además, en la sede social de la empresa se descubrió un maletín de cuero negro que contenían 11 paquetes de 100 de lo que parecían ser copias de billetes de francos suizos. En el registro también se intervinieron numerosas carpetas con información sobre fincas y propiedades en Marbella, de las cuales gran parte contaban con la inscripción de la promotora granadina «Avila Rojas» y del empresario cordobés Rafael Gómez. Otro de los capítulos que destacan de esta parte del sumario tiene que ver con la presunta testaferro de Roca, Montserrat Cogulla, que tan sólo una hora después de que se iniciase la Operación y mientras la Policía registraba su despacho, en marzo de 2006, llamó nerviosa a un conocido para asegurarse de «que se habían quitado de en medio varios documentos» de cierta importancia para el desarrollo de este caso.