El PP extiende a los ayuntamientos su presión en política antiterrorista El Parlamento vasco condena el atentado de la T-4 sin el apoyo del PP y con la ausencia del PCTV El Gobierno se desentiende de la propuesta de diálogo de Ibarretxe España no entregar

Las quejas del Gobierno y las críticas de los restantes partidos no hacen mella en el PP que se mantiene firme en su decisión de presionar al Ejecutivo socialista para forzar un cambio en la política antiterrorista. La ofensiva parlamentaria que anunció Mariano Rajoy el pasado miércoles se amplía ahora a los ayuntamientos y comunidades autónomas, donde los populares suscitarán debates similares. Mientras el primer partido de la oposición pisa el acelerador de sus exigencias, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, clama por el acuerdo e insiste en que no es momento de utilizar el terrorismo como arma partidista. Las corporaciones municipales de los ayuntamientos y las asambleas parlamentarias de las autonomías tendrán que debatir sobre el terrorismo a instancias de sus respectivos grupos populares que presentarán mociones contra ETA. Las propuestas de declaración institucional y mociones -idénticas en sus contenidos- plantean condenar el atentado de Barajas; mostrar solidaridad con las víctimas y afectados; solicitar al Gobierno que rectifique su política antiterrorista; rechazar cualquier negociación o cesión a la banda terrorista y una declaración en contra de que Batasuna pueda presentarse a las elecciones. Además, estas iniciativas municipales y autonómicas asumen también las cinco proposiciones no de ley que el PP presentará en el Congreso, con lo que consigue multiplicar por toda España los debates que los restantes partidos pretenden evitar en el Parlamento. Este nuevo paso de los populares responde a la decisión de Mariano Rajoy de prolongar en el tiempo las reclamaciones que formuló al presidente del Gobierno en el reciente pleno parlamentario sobre la situación de la política antiterrorista. Las proposiciones no de ley tienen por delante un largo recorrido en la cámara baja y no es previsible que pueda debatirse la primera antes de finales de febrero, mientras que la segunda podría verse antes del verano. Iniciativas dosificadas Inmediatamente después del agrio debate en el Congreso, la dirección del PP acordó mantener la discusión en el ámbito parlamentario con la intención de «ir dosificando las iniciativas en función de la percepción que tenga de nuestra posición la opinión pública», según declaró un destacado dirigente. Con esta estrategia, el partido opositor pretende convencer a la opinión pública de que no puede aceptar el pacto que propone Rodríguez Zapatero porque significa continuar el diálogo con ETA. Asimismo, el PP considera que es un arma eficaz para que el Gobierno ceda a las exigencias de Rajoy y regrese al acuerdo antiterrorista, pacte algunas iniciativas en la comisión de seguimiento, impida la presentación de Batasuna a las elecciones municipales o ponga en marcha el procedimiento para actuar contra el PCTV. El secretario general del PP, Ángel Acebes, insistió este viernes en la ilegalización de esta formación política que considera un testaferro de Batasuna y que los populares han convertido en uno de los gestos inequívocos que exigen a Rodríguez Zapatero para dar credibilidad a su rectificación. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, se mostró dispuesta a debatir sobre la ilegalización de este partido y sobre las medidas para que Batasuna no pueda presentarse a las elecciones, pero en el ámbito del pacto antiterrorista que se reunirá la semana próxima. «Ése es el espacio en el que se deben buscar los argumentos», defendió. Las propuestas que los populares llevarán pues a la comisión de seguimiento del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo están cantadas. Pero el Gobierno no ha mostrado aún sus cartas. De la Vega argumentó que «hay que dar tiempo al tiempo» y que el orden del día se discutirá en la reunión preparatoria que mantendrán Alfredo Pérez Rubalcaba y Eduardo Zaplana. La número dos del Ejecutivo aseguró además que nadie impedirá a los populares plantear en el Congreso sus iniciativas. «Lo que no haremos será participar en la contienda porque hay que hablar, no dividir», insistió. El grupo socialista afirmó a través de un comunicado que su intención nunca ha sido «vetar» las iniciativas del principal partido de la oposición y que siempre ha sido «el primero» en garantizar los derechos parlamentarios. Todos los grupos del Parlamento vasco, menos el PP, pactaron y aprobaron un texto de condena del atentado en Barajas en una sesión de la Cámara, en la que no participó el PCTV-EHAK. La Diputación Permanente del Legislativo de Vitoria se reunió ayer para debatir una proposición no de ley del PP de condena de esta acción terrorista, pero finalmente lo que se aprobó fue una enmienda transaccionada entre el PNV, PSE-EE, EA, EB y Aralar. Uno de los puntos de atención de la sesión era la actitud que iba a mantener el PCTV-EHAK en la votación, después de la petición del PP de iniciar el proceso de ilegalización por la falta de condena del atentado, pero finalmente no asistió a la misma, a pesar de que había presentado una enmienda. Esto hizo que al concluir la reunión, el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, instara públicamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a iniciar los trámites de ilegalización del PCTV-EHAK al haberse dado ayer el «elemento probatorio definitivo de su subordinación a ETA». La diputación permanente aprobó una «condena rotundamente el brutal atentado cometido por la organización terrorista ETA» en la T-4, muestra su «condolencia y solidaridad» a los familiares de las dos víctimas mortales y «exige a ETA el cese definitivo de la violencia». En su propuesta original, el PP planteaba la condena del atentado en términos similares, pero en lugar del cese definitivo de su actividad exigía a ETA su «inmediata e incondicional disolución». José Luis Rodríguez Zapatero recibió a Juan José Ibarretxe en La Moncloa para escuchar sus «análisis» sobre el escenario abierto tras el atentado de ETA, pero no para negociar sus propuestas para la derogación de la ley de partidos, la modificación de la política penitenciaria o el diálogo con todos los agentes políticos, incluida Batasuna. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, otorgó ayer al encuentro una dimensión puramente «institucional» y subrayó que «los pactos políticos se cierran entre partidos y no entre instituciones». Zapatero tiene previsto reunirse en los próximos días con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, para comenzar a fraguar ese «gran consenso» que propuso durante su intervención en el pleno extraordinario del pasado lunes. La sintonía entre ambos dirigentes ha sido puesta de relieve por el propio Ejecutivo durante el proceso de paz y, especialmente, en las últimas semanas. La relación con Ibarretxe -que ayer mismo se postuló como un agente activo para la paz- tiene, en cambio, otro cariz. A pesar de que en su última entrevista acordaron actuar de manera concertada en todo lo relativo al proceso de paz, el lendakari se ha desmarcado recientemente con propuestas que no gustaron en exceso al Gobierno. Los cauces El jefe del Ejecutivo vasco ha apostado desde el mismo 30 de diciembre por mantener vivos los cauces de diálogo abiertos por el alto el fuego de ETA. Con ese objetivo convocó el pasado sábado la manifestación de Bilbao a la que estuvo a punto de sumarse Batasuna. La organización ilegalizada se descolgó sólo cuando, por mediación de Imaz, se añadió al lema una crítica a la violencia terrorista. Ibarretxe defendió ayer mismo, sin embargo, que la inmensa mayoría de la sociedad vasca marchó entonces con la convicción de que «sin diálogo no hay esperanza». Apenas unas horas después de su encuentro con Zapatero, insistió desde Vitoria, durante la presentación de una página web, en que es necesario mantener contactos con «todos». El lendakari -que mantuvo un mutismo absoluto sobre lo hablado el jueves en el palacio de La Moncloa- sostuvo que la ruptura del alto el fuego no debe llevar a los demócratas al «desánimo», que se debe generar una nueva oportunidad para la paz y que «hay que hacerlo sobre la base del diálogo». La vicepresidenta se desmarcó de estas apreciaciones y recordó que la posición del Gobierno no ha variado: «Con violencia o intento de mantener la violencia no hay diálogo». Tampoco dio pábulo al resto de las peticiones de Vitoria sobre la ley de partidos. El Gobierno ha recordado a Estados Unidos que forma parte del Convenio de La Haya y que está obligado a acatar las sentencias derivadas de ese compromiso, como la que impide que salga de España la hija de María Jose Carrascosa, presa en una cárcel de Nueva Yersey por no entregar la niña a su padre. Según explicaron a Efe fuentes diplomáticas, responsables de los Ministerios de Exteriores y de Justicia se reunieron ayer con representantes de la Embajada estadounidense en Madrid y le trasladaron la necesidad de que el juez estadounidense que decretó la prisión de Carrascosa tenga en cuenta los compromisos internacionales del país. En enero del 2006 la Audiencia de Valencia concedió la custodia de la niña a Carrascosa y ordenó la retirada del pasaporte para evitar su salida de España, pero la Corte Superior de Nueva Jersey siguió un proceso paralelo que decidió que en el plazo de diez días la madre debía entregar a la hija al padre, de nacionalidad estadounidense. La Corte retiró el pasaporte a Carrascosa y le prohibió abandonar el país y, ante la imposibilidad así de regresar a España y entregar a su hija en el plazo establecido, la mujer optó por esconderse para evitar su encarcelamiento hasta que fue detenida el 21 de noviembre por desacato a la autoridad. Las autoridades estadounidenses se escudan en que Carrascosa no está encarcelada por un caso de custodia -cuestión que quedaría amparada en el Convenido de La Haya- sino por desacato al juez, al no haber entregado a la pequeña en el plazo establecido. «Es una contradicción tremenda y absurda», añadieron las fuentes, quienes explicaron que Exteriores se ha puesto ya en contacto con el Departamento de Estado estadounidense.