Las reclamaciones bancarias y las de la vivienda se triplican en apenas un año

Quejas contra entidades bancarias o financieras, desde cobros abusivos de comisiones hasta fraudes o quiebras, y denuncias por contratos irregulares en los alquileres de viviendas se han disparado durante lo que va de año hasta acaparar casi la tercera parte de las consultas que ha atendido la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), agobiada por las reclamaciones del vecindario. Sobre un total de 3.262 expedientes las quejas ciudadanas por los dos conceptos antes citados suman cerca de un millar. Según los técnicos de este servicio municipal, que atiende gratuitamente al público, los de banca y vivienda han acaparado en lo que va de año las consultas más demandadas, aunque cada uno tiene su propia dinámica y explicación. En el caso de las entidades financieras, para las que antes se registraban no más allá de medio centenar de consultas anuales, la alarma entre los usuarios se disparó el pasado mes de mayo con la quiebra de Forum Filatélico y Afinsa, que pilló en la provincia a no menos de quinientos inversores. «Ahí no teníamos competencias y muy poco que hacer, así que derivamos a la gente hacia asociaciones locales o nacionales de consumidores para que se defendieran y organizaran, porque lo más que podíamos darle nosotros era asesoramiento». En cuanto a las reclamaciones de alquileres, las consultas recibidas en el Ayuntamiento se concentran en una doble clientela, que como denominador común sólo tiene la escasez de recursos para buscar ayuda en otras partes: ancianos que viven de alquiler en casas de renta antigua y a los que los caseros quieren desahuciar para construír luego sobre los solares resultantes o gentes de la inmigración que pagan cantidades desmesuradas por pisos que no valdrían ni la mitad en un mercado libre y sin guettos . Hay barrios enteros, como el Crucero, donde este tipo de situaciones son el pan nuestro de cada día y los técnicos municipales se limitan a informar a los usuarios sobre sus derechos: otra cosa es que luego se cumplan, porque el Ayuntamiento no tiene en este campo capacidad inspectora ni sancionadora. Otras administraciones, como la Junta, también se sacuden de encima las competencias. Inmigrantes y viejos van, más o menos, al 50%. Gas a tope En las nuevas promociones urbanísticas comienzan a proliferar también las demandas vecinales sobre quién debe pagar el llamado «canon de finca» o derechos de enganchedel gas natural para prestar el servicio, que a menudo negocian constructores y compañías sumilistradores y luego se lo traspasan a los compradores de viviendas sin previo aviso. Las cantidades que estos últimos suelen reclamar no son elevadas , pero multiplicadas suponen un dinero considerable y han dado lugar a un total de 166 reclamaciones en lo que va de año, todas ganadas por los inquilinos, al menos hasta ahora. Se supone que son miles los que ni siqquiera se molestan en reclamar. Fuera del circuito financiero o de la vivienda el resto de los pleitos entre consumidores y provedores suele solucionarse a través de la mediación de la Omic municipal o de las llamadas Juntas de Arbitraje, a las que están también apuntadas la mayor parte de las empresas del comercio. Las denuncias ante los juzgados son el último recurso y, de hecho, sobre un total de 3.300 expedientes anuales apenas medio centenar acaban en los tribunales. Del resto unos se resuelven de mutuo acuerdo en la Omic, otros en las juntas arbitrales y otros acaban abandonados por los reclamantes por no gastar tiempo y dinero en el conflicto. Los pleitos con bancos, compañías aseguradoras de cualquier tipo o pequeñas empresas de «chapuzas» caseras son los más complicados de resolver y se desentiende hasta el Ayuntamiento.