La dirección del cuerpo armado se inclina por una falta grave que no lleve cárcel
Interior castigará a los guardias civiles que se manifestaron en Madrid
Miembros del generalato presionan para sancionar la acción como falta muy grave Defensa cesa a un teniente co
La concentración reunió a unos 3.000 agentes en la Plaza Mayor
El Ministerio del Interior sancionará a los guardias civiles que el pasado sábado se congregaron en la Plaza Mayor de Madrid vestidos de uniforme con el tricornio para pedir la democratización y la desmilitarización del cuerpo y que profirieron gritos contra Rodríguez Zapatero. Según informaron fuentes de la institución armada, el Gobierno ha cedido a las presiones del generalato, que pide el máximo rigor, y se inclina por una falta grave que no acarreé la privación de libertad, pero estos futuros expedientes abren la puerta a la actuación de justicia militar y a las penas de cárcel. El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha pedido un informe a los servicios jurídicos para determinar si los 3.000 miembros de la mayoritaria Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que se dieron cita en Madrid incurrieron en «conductas ilegales». El Mando Único esta dispuesto a acatar el dictamen de los jurídicos militares porque si no, a su entender, incurriría en prevaricación. El bidirector, consciente de lo delicado del asunto, ha pedido que los abogados militares se tomen con calma el estudio, por lo que no se espera el informe hasta los próximos días. Todo el trámite sancionador podría extenderse hasta tres meses. Mandos y juristas de la Guardia Civil adelantaron el contenido borrador del informe. Los servicios jurídicos apuntan a que los participantes en el acto de la Plaza Mayor incurrieron en conductas sancionables recogidas en la todavía vigente Ley Orgánica 11/1991 de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Consideran que la concentración, en principio, podría ser una «falta grave», recogida en el artículo 8.1 del régimen, que establece castigos para los funcionarios que «infrinjan gravemente su deber de neutralidad política, realizando actos irrespetuosos». También apuntan a un sanción por vulnerar los apartados 8.17 y 8.18 de ese mismo texto que prohíben «reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina».