Vitoria carga contra los jueces días antes de la declaración de Ibarretxe El primer presidente vasco ante un juez

A cuatro días de que el lendakari Ibarretxe declare ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por reunirse por Batasuna, el Gobierno vasco cargó con dureza contra la «politización» de la justicia, que achacó a la actuación de algunos jueces, y demandó «seguridad jurídica» para que «todos» los ciudadanos disfruten de los derechos fundamentales que les corresponden. El Consejo General del Poder Judicial señaló que la declaración del Ejecutivo de Vitoria es una «clara irresponsabilidad». A cuatro días vista de que el lehendakari declare ante el Tribunal Superior de Justicia del País vasco por reunirse con portavoces de la ilegalizada Batasuna, el Ejecutivo vasco expresó su «honda preocupación» por el «impacto y la convulsión» que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkárate y el consejero de Justicia, Joseba Azkárraga, leyeron este sábado en la sede de la Presidencia, una declaración institucional en la que el gabinete Ibarretxe aseguró que «ha defendido y defenderá siempre» a la Justicia «como poder necesario e imprescindible de cualquier democracia», pero aclaró que »el respeto y el acatamiento« a las decisiones judiciales «no implican silencio ni cobertura incondicional a su contenido». «Inadmisible» El Poder Judicial reclamó responsabilidad al Gobierno vasco y consideró inadmisible la descalificación de los tribunales cuando no se está conforme con sus resoluciones. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, el leonés Enrique López, señaló, en declaraciones a RNE, que la mayor gravedad de la declaración del Ejecutivo de Ibarretxe es que pretende «conducir y transformar esa disconformidad con un auto judicial utilizando el aparato de un gobierno autonómico para producir la deslegitimación y descalificación del Poder Judicial». Un acto, resumió, que supone una «clara irresponsabilidad». Los presidentes de las Audiencias de Bilbao, San Sebastián y Vitoria y de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitieron, por su parte, un comunicado conjunto en el que recordaron que «ninguna autoridad goza en España de impunidad penal». En un texto titulado Más allá de la justicia no habita la democracia , los magistrados respondieron al lendakari que «la persona querellada tiene el deber de soportar el enjuiciamiento y el derecho a defenderse de la acusación», y que la democracia «se funda en el Gobierno por las leyes y no por la voluntad de las personas» y «se construye en torno a la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico». «No está en la mano de ningún grupo ni asociación de ciudadanos el conseguir que una sola de nuestras autoridades, incluidas las judiciales, obtengan un estatuto de irresponsabilidad jurídica que les coloca donde no pueda alcanzarles una atribución de la responsabilidad delictiva», recordaron los jueces. Juan José Ibarretxe se convertirá el miércoles en el primer lendakari que debe acudir a declarar ante un juez como imputado, en la causa penal abierta tras la reunión que mantuvo el pasado 19 de abril con representantes de Batasuna. Ibarretxe deberá dar explicaciones sobre el encuentro que mantuvo en la sede del Ejecutivo de Vitoria con los miembros de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, dentro de la ronda de conversaciones con los partidos vascos iniciada por el lehendakari tras la declaración del alto el fuego de ETA. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió admitir la querella criminal presentada tras aquel encuentro por el colectivo Foro Ermua, en la que se acusaba al lehendakari de haber actuado como «colaborador necesario» del delito de desobediencia que habrían cometido, presuntamente, los tres miembros de Batasuna. Así, el tribunal tiene que considerar si en aquella reunión se desobedeció la sentencia de ilegalización de Batasuna, en base a la Ley de Partidos.