«La coparticipación del usuario en el pago será equilibrada y justa»

La leonesa Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad es una de las principales artífices de la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia, que considera una revolución social para el país. -¿Cuál va a ser la clave del éxito de la ley? -El verdadero éxito es que crea un nuevo derecho para todos los españoles, el derecho a ser atendidos cuando no se pueden valer por sí mismos. Hasta ahora, la ayuda se ceñía en la mayoría de las ocasiones al ámbito familiar. Con la ley de dependencia, los poderes públicos están obligados por ley a atender a las personas mayores y personas con discapacidad. De este modo, las personas dependientes recibirán servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, plazas residenciales) y prestaciones económicas para el cuidador familiar o para la contratación de un asistente personal. -¿Cuáles son las cuestiones que más demandan las personas que llaman al 900 40 60 80? -Hasta el momento, los ciudadanos se interesan por los servicios y prestaciones que ofrecerá el Sistema de Dependencia y también por las características de la valoración. -¿Creen que la demanda de cuidadores va a ser mayor en el medio rural, en provincias con dispersión geográfica como León? -Uno de los principales objetivos de la Ley de Dependencia es acabar con las desigualdades que existen ahora entre el medio rural y el medio urbano en la atención a personas mayores y personas con discapacidad. El Sistema de Dependencia garantiza que todos los ciudadanos serán atendidos en condiciones de igualdad, independientemente del lugar donde residan. En el medio rural, la principal apuesta será la ayuda a domicilio. -Las mujeres son, hoy por hoy, las cuidadoras por excelencia, ¿El yacimiento de empleo de la ley será altamente feminizado? -La Ley de Dependencia generará muchos puestos de trabajo y saldará una deuda histórica con los cuidadores familiares que han realizado siempre esta tarea sin recibir nada. De hecho, el 83% de los cuidadores son mujeres. En este sentido, sí que se beneficiarán muchas mujeres, aunque el objetivo principal de la ley es ofrecer servicios a las personas mayores y a las personas con discapacidad y los empleos de carácter sociosanitario que se creen con el Sistema de Dependencia (unos 300.000 en 2015, según los expertos) no tienen por qué circunscribirse exclusivamente a las mujeres. -¿Se superará con esta ley el asistencialismo en servicios sociales? ¿Qué recursos tendrá la ciudadanía para exigir este derecho universal? -Estoy convencida de ello. La Ley de Dependencia supone una revolución, un cambio radical en la concepción de los servicios sociales. Los ciudadanos tendrán el derecho a ser atendidos cuando lo necesiten, tal y como sucede con la sanidad o la educación. La ley protege este nuevo derecho universal y establece que los ciudadanos puedan exigírselo a su comunidad autónoma por la vía administrativa o incluso por la vía judicial. -Las comunidades del PP se oponen y amenazan con recurrir el Consejo Territorial, ¿cree que van a utilizar la ley para la confrontación? -El PP votó a favor de la Ley de Dependencia en el Parlamento y todas las comunidades han acordado el baremo. Ahora bien, su posicionamiento en la constitución del Consejo Territorial parece indicar que al PP le produce vértigo la puesta en marcha del Sistema de Dependencia. De todos modos, sea cual sea su actitud, gracias a la Ley de Dependencia todas las comunidades autónomas, incluida por supuesto la Junta de Castilla y León, tienen ya la obligación legal de atender a las personas mayores y a las personas con discapacidad.Para ello, el Gobierno destinó en los dos últimos años 20 millones de euros adicionales a Castilla y León. Por cierto, con el anterior Gobierno Castilla y León no recibía nada para políticas de dependencia. -En Castilla y León, la espera para una valoración de minusvalía es de meses. ¿Cómo evitarán estas demoras en la dependencia? -La Junta de Castilla y León tiene que agilizar la valoración. Por cierto, ya deberían estar contratando al personal sociosanitario (médicos, trabajadores sociales, psicólogos,...) para las valoraciones. -La ley se presenta como el cuarto pilar del bienestar, con la sanidad, las pensiones y la educación, ¿quizá la única diferencia es que su acceso no va a ser gratuito? -El modelo español es el más generoso de todos los sistemas de dependencia existentes. En España, los beneficiarios participarán teniendo en cuenta su capacidad económica, aunque ninguna persona quedará desatendida por falta de recursos. -¿Se corre el riesgo de que las clases medias ean las que sustenten la financiación (las altas pueden pagarse más que lo básico y las bajas tendrán garantizado el derecho) vía copago? -No. De hecho, hasta ahora eran las clases medias quienes más sufrían cuando tenían que atender a un familiar dependiente. Con la Ley de Dependencia, tendrán garantizada la atención, cosa que no sucede ahora, y la coparticipación será equilibrada y justa. -¿Pactarán con las comunidades autónomas las tasas que pagarán los beneficiarios? -Sí. Las características de la coparticipación de los beneficiarios aún no han sido fijadas. El Gobierno y las Comunidades Autónomas abordarán esta cuestión en las próximas semanas. -¿Habrá un reglamento diferente por cada comunidad autónoma? -No. El baremo y la atención garantizada serán iguales en todo el Estado. La Ley de Dependencia garantiza la igualdad y la cohesión social, no como sucedía hasta hora.