El sistema de la dependencia deberá atender este año a dos mil leoneses

«Hay casos verdaderamente dramáticos, de gente que lleva años soportando situaciones terroríficas; ahora se les ha abierto el cielo y cuentan los días hasta que sea realidad» JOSÉ CARLOS VIDALES, teleoperador del centro de información a la dependencia del Imserso en León ¿Dejarán las familias de ser el principal y casi único soporte de la atención a las personas mayores y con discapacidad en España? Este es el objetivo de la Ley de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, que entró en vigor el 1 de enero, pero cuya implantación será real, como pronto, a partir de abril de este año. La cobertura total de la población dependiente, 1.200.000 personas en España y 14.000 en León, no culminará hasta el año 2015. En la provincia, la primera fase de aplicación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAD) puede afectar a unas dos mil personas, según el Libro Blanco de la Dependencia, cuya estimación es que una de cada seis personas dependientes lo son en su grado máximo. Son las personas que por la pérdida total de su autonomía física, mental, intelectual o sensorial no pueden permanecer solas y necesitan apoyo contínuo para la realización de las actividades básicas, desde el cuidado personal a la movilidad, el reconocimiento de personas y objetos, la orientación o la ejecución de órdenes y tareas. A falta de que se aprueben los decretos sobre el baremo de la dependencia y los servicios concretos a que tendrá derecho la población afectada, a partir de abril comenzarán las valoraciones. En Castilla y León, la Junta ha pactado con ayuntamientos y diputaciones que los Ceas (Centros de Acción Social) realicen la valoración inicial de la situación de dependencia a partir de un cuestionario. El gerente de Servicios Sociales, Antonio Sáez, estima que unas 54.000 personas -el 68% de las personas con dependencia en la comunidad- serán entrevistadas en sus domicilios y otras 32.000 -el 32% restante- en centros residenciales. En León, las entrevistas a domicilio pueden alcanzar a 9.500 personas y otras 4.500 en centros residenciales. Para afrontar la implantación de la ley de la dependencia, la Junta amplió durante el 2006 la plantilla de trabajadores sociales en los Ceas con 196 nuevos profesionales en toda la comunidad -38 en la provincia de León- y tiene previsto reforzarlos transitoriamente con otros 70 -de ellos, entre ocho y nueve para León- y 35 administrativos -entre cuatro y cinco para la provincia leonesa-. El informe sanitario lo realizarán los médicos de Sacyl y, la resolución definitiva, será adoptada por un equipo valorador de cada gerencia territorial de Servicios Sociales en el que se dará participación a las entidades locales, señaló Sáez. Una vez realizada la valoración, los trabajadores sociales «negociarán» con los afectados o sus familiares el plan individual de atención. Para esta fase, la Junta prepara una aplicación informática en la que los trabajadores sociales podrán ver los casos pendientes y su situación, que «ahorrará muchas reuniones», precisó Sáez. Gestores de caso La Junta tiene previsto crear una figura nueva, el gestor de caso, para evitar que el ciudadano tenga que acudir a diferentes sitios a la hora de saber en qué situación se encuentra su expediente. Realizará el seguimiento completo de un expediente de dependencia. El propósito de la administración de Castilla y León es «integrar la ley en el sistema de servicios sociales y así lo hemos pactado en abril del 2006 con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones de la comunidad». «Es lo más acertado, pues el valorador tiene que ser alguien cercano, como el trabajador social, que conoce el día a día en el desarrollo de la autonomía de una persona», opina la presidenta del Consejo de Colegios de Trabajadores Sociales de Castilla y León, Consuelo Rodríguez Gordo. La Junta y el Estado tienen que aportar este año a la puesta en marcha del Sistema de Atención a la Dependencia en Castilla y León 35 millones de euros, respectivamente. Sin embargo, está sin definir la aportación de los usuarios. El Consejo Territorial de la Dependencia, constituido el 22 de enero, «establecerá unos criterios generales, pero no hace falta norma estatal para aprobar la tasa», lo que dará lugar a diferencias entre comunidades autónomas, adelantó Sáez. La memoria económica de la ley prevé que los usuarios aporten el 33% de la financiación mediante el copago, un participación que a priori podría ser superior al 12% con que contribuyen los usuarios de ayuda a domicilio y el 20% en residencias públicas y concertadas. Además de ayuda a domicilio, teleasistencia y residenciales para mayores o discapacitados, la ley contempla entre los servicios a la dependencia centros especializados de referencia estatal como el Camf (Centros de Atención a minusválidos físicos) que construye el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en San Andrés del Rabanedo.