El juez del «caso Malaya» deja a Roca en prisión por riesgo de fuga

El juez instructor del caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Miguel Ángel Torres, mantiene que si el ex asesor de Urbanismo del consistorio marbellí Juan Antonio Roca es puesto en libertad «tarde o temprano se dará a la fuga». Este es uno de los argumentos por los que el magistrado ha desestimado el recurso de reforma sobre la situación de prisión provisional de Roca, en un auto en el que el juez afirma que el imputado «cuenta con recursos sobrados en el exterior que facilitan la huida y la posibilidad de establecerse en otro país». Según Torres, a pesar de que «ha transcurrido un cierto tiempo desde que se adoptó la medida privativa de libertad» sobre el ex asesor urbanístico -encarcelado el 31 de marzo del 2006-, «desde ese momento han aumentado en número los delitos que se imputan al señor Roca y también han aumentado casi de forma geométrica los indicios de actuación delictiva que existen en su contra». En este sentido señala que este presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística está también imputado en varios procedimientos penales en la Audiencia Nacional por malversación y falsedad, así como en distintos Juzgados de Marbella, «causas pendientes que no son sino un estímulo más para la fuga». «Puede decirse en este caso», concluye el juez, «no que exista una mera posibilidad de huida, sino la convicción de que de quedar en libertad tarde o temprano el señor Roca se dará a la fuga». En el auto el magistrado recuerda que la presunta actuación delictiva de Roca «al frente del Ayuntamiento» comprendía los supuestos delitos de cohechos y malversaciones de efectos públicos y el posterior blanqueo «de los fondos ilícitos mediante sociedades». Afronta décadas de prisión Hechos por lo que podrían llegar a imponérsele penas de hasta nueve años de prisión por un delito continuado de cohecho, doce años por las malversaciones continuadas y nueve años más por blanqueo continuado, «sin olvidar las penas del tráfico de influencias, la falsedad o, incluso, la tenencia ilícita de armas». Torres destaca la relevancia en la investigación de los informes policiales, las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida, «mucho más importante que las supuestas confesiones» de los imputados en la operación. Sobre dichas «confesiones» indica que, «lejos de ser espontáneas o forzadas, son consecuencia de la contundencia de los indicios en contra de esos imputados, de forma que buscando su propio interés legítimo no se ven obligados a guardar silencio para proteger a Roca como si existiera un pacto de silencio, sino que buscan el mal menor para cada uno de ellos en el procedimiento». Además de los presuntos delitos de cohecho y malversación, el juez destaca «el gigantesco blanqueo» que supuestamente practicó Roca y añade que a pesar de su intento de atribuir su patrimonio al resultado de negocios lícitos, «ésta pretensión es insostenible». «Resulta difícil de creer que alguien que en 1991 está en paro y en precaria situación económica tenga quince años después un patrimonio oculto de cientos de millones de euros y, no obstante, aparezca como insolvente», se señala. El instructor del «caso Malaya» indica que el propio ex asesor afirmaba en su declaración, «no sin desdén», que su pasivo era de 120 millones de euros, «siendo obvio que es varias veces superior». Por otra parte, asegura que la situación de Roca es «tan desesperada que para negar los cohechos se ha visto obligado a reconocer graves delitos contra la hacienda pública como mal menor».