Los asistentes denunciaron la «intromisión» de algunos jueces en la política vasca
La marcha en defensa de Ibarretxe reúne en Bilbao a 45.000 personas
La manifestación fue convocada por los socios del Gobierno del PNV de Vitoria y Aralar Rajoy encabezará el
El recorrido se quedó pequeño para acoger a todos los asistentes que caminaron en silencio
Varios miles de personas, 45.000 según los organizadores, se manifestaron ayer por las calles de Bilbao en apoyo al lendakari Juan José Ibarretxe, citado a declara el próximo miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, acusado de un presunto delito de desobediencia por reunirse en abril con portavoces de la ilegalizada Batasuna. El comunicado leído al final de la marcha por los ex lehendakaris Carlos Garaikoechea y José Antonio Ardanza denunció la «intromisión» de algunos jueces en la política y defendió la separación de poderes. «En defensa de nuestras instituciones» fue el lema de la pancarta portada por varios ciudadanos que abrió la manifestación convocada por PNV, EA, EB y Aralar, que comenzó a las 19,30 horas ante el hotel Carlton, sede del primer Gobierno vasco, para terminar 45 minutos más tarde junto al teatro Arriaga, después de recorrer la mitad de la Gran Vía bilbaína. Tras la pancarta se situaron los representantes del Ejecutivo de Vitoria, con la excepción del lendakari Ibarretxe, que quiso ceder el protagonismo a la sociedad vasca. También estuvieron presentes los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa, José Luis Bilbao y Juan José González de Chábarri, respectivamente, el alcalde de la localidad, Iñaki Azkuna, y las direcciones de los partidos convocantes, encabezadas por Josu Jon Imaz, Begoña Errazti, Javier Madrazo y Joan Abril. El recorrido se quedó pequeño para acoger a los asistentes, que caminaron en un silencio que sólo fue roto por los aplausos. Los manifestantes se limitaron a portar algunas ikurriñas. La movilización concluyó ante la explanada del teatro Arriaga, donde los ex lendakaris leyeron el comunicado, donde reconocieron las «dificultades» en la que desarrollan su función los jueces, objetivos de amenazas y atentados de ETA, y su derecho al «control» sobre otros poderes del Estado. Sin embargo, matizaron que este control «nunca puede realizarse para impedir a nuestros representantes su derechos fundamentales y el ejercicio democrático de la política». Interferencia «Una cosa es controlar que las actuaciones de los políticos se ajustan a derecho y otra impedir que quienes nos representan vean seriamente limitada su capacidad de actuación a la hora de resolver los problemas que les confiamos», criticó el comunicado, que cargó también contra la actuación de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por citar al lendakari, un hecho que «constituye una clara interferencia política que, a través del ejercicio de la acción penal, condiciona la actividad democrática y el cumplimiento de la responsabilidades que le competen a un gobernante, en este caso el máximo representante institucional de Euskadi». El comunicado añadió que citar al lendakari como imputado por «haber dialogado en busca de la paz, constituye una falta de respeto institucional y supone un ataque al conjunto de la sociedad vasca que él representa», además de una «interferencia y judicialización de la política». Los ex lendakaris defendieron el diálogo como «mejor instrumento» para la resolución de los problemas.