Diario de León

El presidente catalán considera que invade competencias de carácter autonómico

La Generalitat recurrirá el decreto relativo a las enseñanzas mínimas

El proyecto prevé, entre otras cosas, añadir una hora obligatoria de castellano

El presidente José Montilla, durante la sesión de control de ayer

El presidente José Montilla, durante la sesión de control de ayer

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Pablo Carballo - barcelona
León

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La Generalitat de Cataluña recu-rrirá el decreto sobre enseñanzas mínimas que planea el Gobierno y que acarrearía, entre otras cosas, la obligatoriedad de una tercera hora semanal de lengua castellana en los colegios catalanes. El presidente, José Montilla, lo anunció ayer en un programa de radio, en el que aseguró que el Ejecutivo pedirá amparo al Tribunal Constitucional por esta cuestión en las próximas dos semanas. Según indicó Montilla, la Generalitat considera que el Gobierno central «invade» el territorio competencial catalán con la citada medida legislativa. El decreto «es demasiado largo y regula cuestiones que son competencia de la Generalitat», aseguró el presidente. El socialista admitió que el contenido de este texto legal había sido negociado entre las dos partes; sin embargo, el resultado no responde a sus exigencias. «En algunas cuestiones ha habido comprensión por parte del Gobierno y en otras, nuestras demandas no han sido atendidas. La verdad es que ha habido un esfuerzo por parte del Gobierno, pero insuficiente desde nuestro punto de vista», explicó. En todo caso, se da por hecho que el recurso persigue más pre-servar ese espacio que la Genera-litat considera suyo que impedir la entrada en vigor de la tercera hora en castellano. De hecho, según la información aparecida ayer en un periódico catalán, la intención del Ejecutivo de Montilla es aplicar esa tercera hora obligatoria en castellano a la hora de impartir otras materias, como Matemáticas o Conocimiento del Medio, o bien en la de Estructuras Lingüísticas, que aborda los aspectos comunes entre castellano y catalán. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, adelantó ayer mismo que el Gobierno central no tiene ninguna intención de ceder a los argumentos esgrimidos por Montilla. Un posible recurso, indicó Cabrera, «no tiene fundamento», dado que el decreto gubernamental «no invade competencias» catalanas. Además, incidió en que el punto polémico no está en la tercera hora del castellano: «El recurso tiene bastante poco que ver con esa tercera hora». En cambio, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, instó a «no dramatizar» y dejar al tribunal que «dirima nuestra distinta interpretación de una norma». Inversiones en cercanías El presidente de la Generalitat, José Montilla, precisó ayer que el Ejecutivo catalán quiere que el Gobierno le traspase la gestión del servicio de cercanías de Renfe, pero sólo cuando se haya modernizado la red ferroviaria catalana. Esto implica la realización de importantes inversiones en unas líneas que han sido objeto de duras críticas en los últimos tiempos por sus deficiencias. Montilla hizo esta afirmación en la sesión del control del Parlament, en la cual el portavoz de ICV-EUiA, Jaume Bosch, opinó que el servicio que presta Renfe «no está a la altura de lo que Cataluña merece». Aseguró que el transporte fe-rroviario de pasajeros «es una de las principales prioridades del Gobierno» que preside y dijo que el Ejecutivo catalán «ya ha empezado a buscar soluciones en este campo conjuntamente con el ministerio Fomento, que es del que depende el servicio». Una vez que se modernice, explicó, «la finalidad última es que se traspase la competencia, tal como prevé el Estatut». La Generalitat también estudiará detenidamente el dictamen del Consejo Consultivo, que revela que la ley de Dependencia es en gran parte inconstitucional, aunque dará prioridad a los beneficios de la normativa sobre la interposición de un posible recurso, que CiU exige para evitar el «chantaje» del Estado. Montilla advirtió ayer de que no hará «nada que ponga en peligro» los intereses de los 200.000 catalanes que se beneficiarían de esta nueva ley en Cataluña, y que fue aprobada en el Congreso.

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