El Tribunal revoca la decisión del juez instructor, por entender que podrían destruir pruebas
La Audiencia de Palma ordena la vuelta a la cárcel del ex alcalde de Andratx
La medida también afecta al ex celador de obras, por una posible corrupción urbanística
La Audiencia Provincial de Palma ordenó ayer el reingreso provisional en la cárcel, durante un período de dos meses y sin posibilidad de fianza, del ex alcalde del municipio balear de Andratx, Eugenio Hidalgo, y uno de sus colaboradores, el ex celador de obras Jaume Gibert. El Tribunal tomó la decisión tras estimar un recurso del fiscal anticorrupción Joan Carrau contra el auto dictado el pasado 13 de diciembre por el juez que instruye el caso de la operación Voramar contra la corrupción urbanística, Álvaro Latorre, que permitió a los dos principales acusados salir de prisión tras depositar en el juzgado 100.000 y 60.000 euros, respectivamente. Ambos acusados deberán volver a la cárcel de Palma antes de las 12:00 horas de hoy en cumplimiento de la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que sólo podrá modificarse si antes lo solicita el Ministerio Fiscal. La resolución se produjo dos días después de una vista oral, en la que el fiscal pidió la reclusión de Hidalgo y Gilbert durante 45 días, por considerar que existe «riesgo real» de que interfieran en las indagaciones o destruyan pruebas del caso. El fiscal cree que ambos tienen «una capacidad de influencia y presión que podría distorsionar el resultado de la investigación». Los jueces dieron por buenos sus argumentos y decidieron ir aún más allá, y alargar su internamiento hasta los sesenta días. Hidalgo y Gilbert fueron arrestados por primera vez el 27 de noviembre del 2006, acusados de delitos contra la ordenación del territorio, falsedad, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y fraudes diversos a la Hacienda pública. En la operación, conducida por la Guardia Civil, fueron detenidos, además, el responsable de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, Jaume Massot, empleados municipales del área de Urbanismo de Andratx y la esposa de uno de ellos. Ganancias de 1,8 millones El 13 de diciembre, los principales encausados de esta trama fueron puestos en libertad tras abonar las fianzas que les impuso el titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, de 100.000 y 60.000 euros. Un día después, el fiscal presentó contra la decisión del magistrado un recurso en el que consideraba insuficientes las cantidades exigidas a Hidalgo y Gilbert en concepto de garantías, pues -decía- «han reconocido operaciones inmobiliarias» que les reportaron ganancias de 1,8 millones de euros. Otras alegaciones El fiscal también alegó que el día en que Hidalgo y Gilbert fueron liberados aún no había sido analizada toda la documentación incautada por la Guardia Civil en los registros que practicó en el Ayuntamiento de Andratx y los despachos de entidades vinculadas a los acusados. Carrau acompañó su recurso de un relato de hechos, que concluía que los presuntos delitos atribuidos a los encausados eran «muy graves» y suman penas que «alcanzan los 18 años de prisión». Por su parte, el abogado defensor del ex alcalde, Rafael Perera, considera que «no existe ningún tipo de riesgo» de que su cliente destruya pruebas ni indicios de una posible obstrucción, argumentos que, a la vista de las actuaciones, no han convencido a los magistrados de la Audiencia Provincial, que han optado por la prisión.