Los partidos pactan 60.000 euros al año en donaciones para su financiación

Esta vez parece que sí y se confirmará el adagio de que a la tercera va la vencida. Los grupos parlamentarios están cerca de llegar a un acuerdo para reformar la ley de partidos tras 11 años de intentos infructuosos. Entre los aspectos más novedosos del proyecto figura que las donaciones que puede recibir una formación política no superen los 60.000 euros anuales, un tratamiento fiscal benevolente y un régimen de sanciones para los incumplimientos que hasta ahora no existía. Tres legislaturas han sido necesarias, si es que nada se tuerce a última hora, para que los grupos parlamentarios alcancen un consenso para reformar la ley de financiación de los partidos, vigente desde hace 20 años. La captación de recursos siempre ha sido fuente de quebraderos de cabeza para las formaciones políticas y motivo de escándalo social. Cada partido tiene su cruz a cuestas; el PSOE con Filesa, el PP con el caso Naseiro, CiU por el caso casinos, el PNV por las tragaperras y ERC por la financiación obligatoria exigida a los altos cargos. La primera intentona data de 1996 a iniciativa de IU; la segunda del 2001 con una propuesta de PSOE y PP. Las dos naufragaron en el mismo punto, en el de las donaciones. Los nacionalistas catalanes y vascos siempre se negaron a eliminar el carácter de secretas, y como una ley de este tipo exige un amplio consenso, el acuerdo fue imposible. El tercer tentativa corrió por cuenta de ERC en abril de 2005 y parecía que iba a correr la misma suerte que sus predecesoras. Hubo hasta 30 ampliaciones del plazo de enmiendas al proyecto y se presentaron 176 propuestas de cambio, pero pasaron los meses y la iniciativa dormía en algún cajón. Hasta que socialistas y republicanos pactaron la última semana una proposición de ley que incorpora buena parte de las enmiendas presentadas al texto inicial. El proyecto ha tenido buena acogida, pese a que subsisten las diferencias. PSOE y Esquerra plantean la desaparición de las donaciones anónimas y se fija un tope de 60.000 euros anuales. Propone un máximo de 100.000, que el Bloque Nacionalista Galego eleva a 150.000, mientras que el PP abogó en sus enmiendas por 90.000 euros. Exenciones La proposición también recoge un régimen fiscal benevolente para los partidos. Quedarían exentos del pago del impuesto de sociedades por las cuotas de afiliados, subvenciones y donaciones, tampoco tendrían que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles. Un apartado al que se opone IU porque busca «legitimar» la exoneración de este impuesto que ya tiene la Iglesia Católica. Con el fin de animar la afiliación, el proyecto también aboga por permitir que los militantes puedan deducirse del impuesto sobre la renta hasta 600 euros por el pago de cuotas. En el capítulo de subvenciones se incorpora la inclusión en una partida en los Presupuestos Generales a los partidos para que sufraguen los gastos de seguridad y se autorizan las aportaciones de las comunidades y cámaras autonómicas. Se mantiene el esquema de aportaciones de la administración por escaños y votos. Aspecto que también rechaza IU porque sale perjudicada por este reparto ya que en muchas demarcaciones no llega al mínimo del 3% de los votos exigidos para tener derecho a cobrar, pero que en conjunto suman muchos miles de votos por los que no percibe nada. Se incorpora un régimen de sanciones. Cuando un partido obtenga donaciones que contravengan los requisitos establecidos será castigado por el Tribunal de Cuentas con una multa equivalente al doble de la aportación recibida.