El TC excluye a uno de sus miembros del debate del Estatut

El pleno del Tribunal Constitucional, tras semanas de debates, aceptó ayer la recusación que el PP presentó contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, por lo que no intervendrá en el estudio, los debates y la decisión que se adopte sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, denunciado por inconstitucional por el principal partido de la oposición. De manera unánime, la institución acordó el pasado año rechazar de plano las recusaciones de su presidenta, María Emilia Casas, y del magistrado Roberto García Calvo, por entender que tras ellas había una maniobra para inclinar el resultado final a uno u otro lado. En cambio, tras un largo y duro debate, la corte constitucional aceptó ayer, por la mínima, la exclusión de Perez Tremps del debate sobre el estatuto de Cataluña. Seis magistrados aceptaron las tesis del Partido Popular y llegaron a la conclusión de que el magistrado cuestionado incurre en la causa de recusación recogida en el artículo 259.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -«haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo»- porque en el 2002 elaboró bajo precio un estudio jurídico sobre la constitucionalidad de determinados aspectos del proyecto de nuevo estatuto que entonces elaboraba la Generalitat. Cinco magistrados -la presidenta y los magistrados Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón- anunciaron votos particulares en contra de esa decisión, por entender que el magistrado Pérez Tremps elaboró ese informe para un proyecto de estatuto distinto al ahora recurrido, el elaborado por el gobierno catalán que presidió el nacionalista Jordi Pujol y no el elaborado por la Generalitat que encabezó el socialista Pasqual Maragall. El Constitucional ha vivido con especial virulencia la guerra de las recusaciones.