Los constitucionalistas creen que el tribunal queda dañado

La mayoría de los catedráticos de Derecho Constitucional consultados por este periódico consideran que no había elementos suficientes para la recusación de Pablo Pérez Tremps. Roberto L. Blanco Valdés, de la Universidad de Santiago, considera que «está cogida por los pelos, no hay mo-ivos que la justifiquen, es desproporcionada». Más contundente es Javier Pérez Royo, de la Universidad de Sevilla: «Es una desvergüenza absoluta». Juan José Solozábal, de la Autónoma de Madrid, argumenta que «el informe que hizo Pérez Tremps no es directamente conformador del texto del Estatut». Joaquín Varela, de la Universidad de Oviedo, considera que no procede y cree que los que la votaron han hecho una «interpretación demasiado forzada». José Antonio Portero, de la Universidad de La Coruña, también la considera «absolutamente desproporcionada» y apunta que el magistrado podría haberse abstenido de opinar sobre los artículos de los que hablaba en su trabajo para la Generalitat (las relaciones exteriores) y decidir so-bre el resto del articulado. Ángel Garrorena, de la Universidad de Murcia, es lacónico: «Hay base para la recusación». Todos ellos creen que lo que ha sucedido daña gravemente la imagen del Tribunal Constitucional. Garrorena critica las «excesivas frivolidades de políticos y técnicos, es decir juristas, jueces y magistrados, que están poniendo en cuestión las instituciones». Y concluye: «Nadie está a la altura». Para Portero, «la imagen y la autoritas del Constitucional han quedado tocadas, porque todas las partes están diciendo cosas disparatadas». «Este conflicto lo que pone en peligro es el prestigio que el Tribunal Constitucional se ha ganado a pulso como órgano consti-tucional e independiente», señala Blanco Valdés. «Es muy grave y perjudicial que haya llegado la politización al tribunal no sólo para el Constitucional sino para la democracia», señala Varela. Solozábal se queja de que se presuponga cómo van a actuar los magistrados en función de quién los eligió o de su ideología y se pone como ejemplo: «Yo soy partidario de que el Constitucional corrija el Estatut y soy contrario a la recusación de Pérez Tremps». Los catedráticos consideran inadmisible que Tremps reciba presiones para dimitir o para quedarse. «Es una decisión estrictamente personal», afirma Garrorena. «Presionarle para que se marchara y diera paso a otro magistrado sería cubrir un abuso, la recusación, con otro», considera Blanco Valdés. Solozábal y Portero creen que no debería dimitir porque la recusación se refiere a un caso concreto. Todos coinciden en que si renuncia el Gobierno está obligado a sustituirlo.