Un riesgo potencial que fue reiteradamente infravalorado

Informes del Centro Nacional de Inteligencia obrantes en el sumario venían advirtiendo al Gobierno de que España estaba sirviendo de plataforma para «financiar grupos originarios del Magreb vinculados a Al Qaida», para «falsificar, clonar y facilitar documentación y moneda falsa». Además de ser nuestro país un lugar de tránsito, estaba sirviendo para reclutar islamistas y enviarlos a campamentos de entrenamiento y también para «el envío de material electrónico y de alta tenología a lugares de conflicto». Tres meses y medio antes de los atentados -en noviembre del 2003-, la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), especializada en terrorismo internacional, elaboró un informe de 14 folios en los que alertaba de la presencia en España de once grupos islámicos distintos. En las altas instancias, según reconoció implicitamente el ex ministro Acebes en declaraciones a la prensa, minusvaloraron estos avisos por entender que España era más un país de retaguardia que un objetivo potencial de atentados.