Para la presidenta del Constitucional la recusación pone en peligro al tribunal

La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, cree que la recusación de Pablo Pérez Tremps pone en peligro el actual modelo de tribunal diseñado por la Constitución. Así lo hace constar en el voto particular en el que se opone a apartar al magistrado cuestionado por el PP de los debates sobre el Estatuto de Cataluña. El afectado sigue sin aclarar su futuro, aunque sus compañeros descartan ya que vaya a presentar la dimisión. En noviembre del 2003, cuando era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, Pérez Tremps recibió el encargo del Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) de la Generalidad de Cataluña de analizar las posibilidades de actuación en el extranjero de las comunidades autónomas, estudio por el que cobró 6.000 euros. Meses después, una posterior dirección del IEA entregó ese y otros nueve trabajos similares a la comisión del Parlamento catalán que preparaba la redacción del nuevo estatuto. Los compañeros de Pérez Tremps descartan que este comportamiento incurra en la mayoría de las causas de recusación esgrimidas por el PP para cuestionar su ecuanimidad, pero seis de ellos avalan los recelos del principal partido de la oposición por entender que participó «directa o indirectamente» en la elaboración del estatuto catalán cuando elaboró aquel estudio. Los magistrados Guillermo Jiménez, Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata sostienen que no está en cuestión la imparcialidad o el recto actuar de su colega. Pero concluyen que el PP «tiene motivo, sopesando racionalmente todas las circunstancias, para dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado», por lo que aceptan su recusación. Esta argumentación escandaliza a la presidenta del tribunal, que denuncia en su voto particular que, por primera vez, esa corte admite una recusación no para garantizar la imparcialidad de la institución, sino para calmar los recelos de una de las partes personadas. Por eso apartan a Pérez Tremps de los debates pese a que nada demuestra que haya incurrido en alguna de las causas que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). María Emilia Casas añade que participar de manera indirecta en la redacción del estatuto, si fuera cierto, no es tampoco motivo para dudar del recto actuar del magistrado, «pues ello supone desfigurar los mecanismos democráticos de configuración de la voluntad general y olvidar que entre quien impugna una ley en defensa de la Constitución y quien colabora en la elaboración de la ley cuidándose de acomodarla en el marco de la Constitución no media en realidad un interés distinto, sino el común en la defensa de la Constitución y en la garantía de la constitucionalidad de las leyes». Casas sostiene que lo único que señala a Pérez Tremps son «las dudas subjetivas de los recusantes», y sus compañeros han abierto una peligrosa puerta porque no han buscado elementos que certifiquen los recelos, sino que se han limitado a aceptarlos porque los creen «razonables». «Si todo se cifra en la sospecha que pueda abrigar una parte y ésta, como en el presente caso, está integrada por representantes políticos, se corre el riesgo de abrir la puerta a sospechas sustentadas en la adscripción ideológica que quiera hacerse de todos los magistrados de este tribunal atendiendo, por ejemplo, al dato de su procedencia intelectual o al signo de la formación política que haya apoyado su designación», alerta la presidenta. «Lo único que señala a Pérez Tremps son las dudas subjetivas de los recusantes» MARÍA EMILIA CASAS Presidenta del Constitucional