De Juana mantiene la huelga de hambre y recurre al Constitucional

Ignacio de Juana Chaos no está conforme con la reducción de su pena de doce a tres años establecida por el Tribunal Supremo. El etarra, condenado con anterioridad a más de 3.000 años de cárcel, de los que sólo cumplió 18, no quiere cumplir ahora ni un sólo día más de esos tres años de prisión por el delito de amenazas que le imputa el tribunal. Por ello, su abogado, Álvaro Reyzábal, anunció ayer que el preso continuará la huelga de hambre que mantiene desde el pasado 7 de noviembre. Quiere ser excarcelado de inmediato. Mientras llega ese momento, De Juana recurrirá la decisión del Supremo ante el Tribunal Constitucional y pedirá que se suspenda la ejecución de la condena hasta que resuelva el recurso. Tampoco está dispuesto De Juana, según su letrado, a aceptar la hipotética concesión del tercer grado penitenciario, algo que le permitiría abandonar la cárcel aunque con la obligación de pernoctar en ella entre semana. No obstante, Reyzábal puntualizó que el reo estaría dispuesto a aceptar que se le ponga en libertad por motivos de salud. Cualquiera de esas decisiones deberá esperar al informe preceptivo de Instituciones Penitenciarias, que estudiará el caso en cuanto el Tribunal Supremo le traslade el contenido de la sentencia, que todavía no se conoce. Un dato importante para decidir si se le concede o no la libertad es el de cuánto tiempo lleva el recluso en prisión preventiva. Será el Supremo quien establezca este criterio, sobre el que existen dudas, dado que puede contabilizarse desde el día en el que debió ser excarcelado por sus anteriores delitos (25 asesinatos), lo que sumaría 18 meses, o desde el día en el que el juez ordenó su prisión preventiva por el nuevo delito, lo que contabilizaría 25 meses. El Gobierno, de quien depende Instituciones Penitenciarias, no se pronunció ayer sobre la decisión que tomará. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el Ejecutivo se atendrá «escru-pulosamente a la legalidad». Sin embargo, el líder de los socialistas vascos, Patxi López, invitó claramente al Gobierno a «atenuar las condiciones de la prisión» de De Juana Chaos. Movilización de la AVT Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo anunció que se movilizará contra el fallo judicial y convocó una concentración para el próximo día 24 de febrero en la plaza de Colón de Madrid que servirá también para homenajear a las víctimas del terrorista y exigir al Gobierno que «deje de rendirse» ante «el chantaje» de la banda terrorista ETA. Detenido en Francia Efectivos de la Policía francesa detuvieron a última hora de la noche del pasado lunes en la localidad de Vasen-Basset (Alto Loira) al etarra Haimar Arocena Eizagirre, de 28 años, huido desde 2003 y supuesto miembro del aparato logístico. Según informaron fuentes de la lucha antiterrorista españolas, el activista, que se encontraba entre los más buscados de ETA, iba armado con un pistola automática de 7.65 y un cargador. Además se le intervino documentación falsa, dinero en efectivo, un teléfono móvil y matrículas falsas. La junta de tratamiento de la prisión de Aranjuez estudiará el caso de De Juana en la primera reunión semanal tras recibir el fallo. Sus miembros (trabajador social, psicólogo, funcionarios, juristas y director) decidirán si proponen algún tipo de cambio a Instituciones Penitenciarias, que tiene tres meses para resolver la petición. El hecho de que el Supremo haya condenado a De Juana a menos de cinco años de cárcel abre la puerta a que el preso pueda ser admituido en el tercer grado penitenciario (semilibertad), decisión que toma Instituciones Penitenciarias basándose en informes de sus técnicos y sin que el juez tenga nada que decir. La junta puede invocar el articulo 100.2 del régimen penitenciario, conocido como «régimen flexible». Se trata de un artículo de uso excepcional que permite que presos que estén clasificados en primer grado (como De Juana) o en segundo -régimen cerrado- puedan gozar de beneficios del tercer grado, como la semilibertad. En el supuesto del tercer grado, el preso de ETA se enfrenta a otro problema: en julio del 2003, el entonces director de Prisiones, Ángel Yuste, envió una circular, aún vigente, en la que prohíbe a todas las juntas de tratamiento proponer el paso a semilibertad a los etarras que no hubieran rechazado públicamente el uso de la violencia. El artículo 196 permite a los «enfermos muy graves con padecimientos incurables» salir en libertad sin cumplir las tres cuartas partes de la pena. Basta con que el recluso sufra dolencias crónicas de difícil tratamiento en prisión. La medida (previo informe médico) parte de Instituciones Penitenciarias y debe ser autorizada por un juez. Sin embargo, Prisiones podría actuar sobre De Juana aunque no se haya arrepentido. El artículo 104.4 del régimen penitenciario faculta a la Administración a conceder la semilibertad a cualquier preso por cuestiones de salud o de avanzada edad. En este caso, tampoco intervendría el juez, a no ser que hubiera recursos.