Una comisión de 300.000 euros destapó una trama de corrupción urbanística en Gondomar

La regularización y agilización de todos los trámites necesarios para convertir una parcela en edificable mediante un convenio suscrito con el Ayuntamiento fue lo que el pasado miércoles acabó por destapar una de las mayores crisis urbanístico-judiciales de la reciente historia de Galicia, y que supuso la detención de dos concejales del PP, la pareja sentimental de uno de ellos y un arquitecto vigués. Según ha podido saber este periódico de fuentes de la investigación, la tramitación de dicho convenio urbanístico suscitó una serie de conversaciones oficiales primero, y secretas después, en las que como conclusión y de una manera más o menos velada, se le habría sugerido a los promotores de la urbanización la conveniencia de pagar una cantidad de dinero para facilitar que el convenio llegase a ver la luz cuanto antes y sin ningún tipo de problemas. La cifra requerida finalmente de una manera expresa rondaba los 300.000 euros, cantidad que supuestamente, tal y como ha trascendido, fue comunicada a alguno de los promotores por el concejal de Cultura y portavoz municipal del PP, José Luis Mosquera. Diligencias secretas Las diligencias realizadas bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo impidieron conocer durante el día de ayer la versión del entorno de los detenidos, ya que estos permanecieron aislados entre sí en todo momento, y asistidos incluso por abogados de oficio, para evitar que entre los implicados o sus representantes legales particulares se llegaran a conocer las explicaciones que estaban dando en los interrogatorios antes de ser puestos en libertad con cargos. En todo caso, lo que sí está probado es que la petición de la mordida fue puesta en conocimiento del fiscal especial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Vigo. A partir de ese momento, en el último trimestre del pasado año, el departamento dirigido por el fiscal Aladro amplió a Gondomar las investigaciones que había abierto el pasado verano a raíz de las denuncias y acusaciones de información privilegiada lanzadas tras el estallido del conflicto urbanístico de la localidad limítrofe de Nigrán, también regida por el PP. Diversos expertos relacionados con el urbanismo del sur de las Rías Baixas aseguran que el fiscal especial ha trazado un minucioso mapa de las actuaciones políticas y empresariales relacionadas con el mundo del ladrillo en el entorno de Vigo. En esa red encajaría la denuncia presentada, en la que el edil de Cultura gondomareño aparece-ría señalado como el portavoz del grupo conformado por las cuatro personas detenidas en la noche del miércoles.