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Los empresarios recuerdan que en torno al sector se está desarrollado una potente industria de componentes

La reforma de las primas a las eólicas compromete inversiones de 600 millones

El Gobierno cree que los «espectaculares» beneficios no necesitan de ayudas públicas

León

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La decisión del Ministerio de Industria de reformar el sistema de retribución de la energía eólica, y hacerlo de manera que afecte además no sólo a los parques de nueva instalación, sino a los que ya están en funcionamiento, supondrá un «enfriamiento» de las expectativas del sector, que considera además que esta medida compromete la multimillonaria inversión prevista para los próximos años en la provincia. Mientras la Secretaría General de Energía advierte que la promoción de las fuentes renovables no puede proporcionar a las empresas rentabilidades que califican de espectaculares; los empresarios advierten que se cierne «una nube de incertidumbre» sobre un sector que en la comunidad se estaba consolidando como una clara alternativa de desarrollo, y que no afecta sólo a los parques eólicos, sino a la emergente industria que se está desarrollando alrededor de esta actividad. En concreto, según los datos de la Asociación de Promotores y Productores de Energía Eólica de Castilla y León, en la provincia se compromete el futuro de los más de 110 millones de euros que se han invertido hasta ahora en los parques eólicos que ya están en funcionamiento o construyéndose; además de los casi 600 millones de euros que deberán invertirse en las instalaciones previstas que ya cuentan con autorización administrativa. En el conjunto de la comunidad las inversiones en este sector, en el que la autonomía ocupa una posición de liderazgo, alcanzan los 2.500 millones de euros; mientras que ya está autorizada la instalación de parques que supondrán otros 2.800 millones de euros. El sector eólico emplea actualmente a unas 3.000 personas en la comunidad (un tercio de ellas ocupadas en labores de construcción, pero el resto puestos de trabajo fijos entre ingenieros, explotación, mantenimiento y fábricas de componentes). En la provincia el empleo ronda actualmente las 250 personas entre las fábricas y los parques, pero de llevarse a cabo las instalaciones ya aprobadas por la administración podrían fijarse otros tantos puestos de trabajo en el futuro, según las mismas fuentes. Desde la organización empresarial se advierte que los cálculos realizados por el Ministerio de Industria sobre la rentabilidad del sector son erróneos, y de que las incertidumbres que la postura del Gobierno ha mantenido en los últimos meses han provocado ya que algunas entidades bancarias tengan en suspenso la financiación de proyectos eólicos en la comunidad que ya estaban apalabrados. La decisión definitiva sobre la nueva normativa del sistema de retribución de las energías renovables, entre las que se incluye la eólica, se esperaba para finales del año pasado, pero la incertidumbre se ha prolongado más de lo previsto. El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, acaba de adelantar que el ministerio opta finalmente por ajustar las primas que se pagan a estas empresas; devolviendo la inquietud a un sector que confiaba en que la Administración suavizase finalmente sus proyectos. Nieto asegura que la medida no pone en peligro la rentabilidad del sector, y sí introduce elementos de racionalidad en una situación que en los dos últimos años se había disparado por el incremento de los precios de la energía, fundamentalmente el petróleo y el gas. El secretario considera que la reducción de ayudas sólo supone cambiar las expectativas, y advierte: «Si dentro de unos años la eólica pierde dinero, sacaremos un decreto para arreglarlo». El pasado mes de noviembre el ministerio envió su propuesta a la Comisión Nacional de la Energía, que la semana pasada recomendó no aplicarla porque la considera retroactiva. Una consideración que no comparte el Gobierno, que desoye la sugerencia del operador energético puesto que no es vinculante. Lo cierto es que Industria está pendiente de recibir el borrador de la CNE para enviar su reforma del Real Decreto al Consejo de Estado, y elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación como muy tarde a mediados de abril.