Caos en Barcelona por el corte del servicio de cercanías de Renfe El Gobierno dice a la Iglesia que su libertad para contratar no es absoluta

Medio centenar de usuarios del servicio de cercanías de Renfe en Barcelona cortaron en la mañana de ayer, durante unos minutos, las vías del tren a la altura de Martorell al ser víctimas de la enésima avería en esta semana. «Como delincuentes... Parece que somos delincuentes», afirmó Montse, una de las miles de afectadas por los retrasos, ante el dispositivo montado por la Guardia Civil para disuadir a los indig-nados pasajeros. Cuando los miembros del cuerpo armado les comunicaron que el incidente se estaba solucionando, abandonaron el trazado ferro-viario. Según informó posteriormente Renfe, se registró una «falta de tensión» en la estación de Martorell entre las 6.30 y las 8.10 de la mañana, lo que provocó retrasos de, al menos, una hora. La mayoría de los afectados son trabajadores que residen en poblaciones cercanas a la Ciudad Condal y que un día tras otro se ven obligados a esperar en los andenes durante largos períodos de tiempo y llegar tarde a sus puestos de trabajo. Se calcula que hasta 80.000 personas sufrieron las consecuencias de los continuos retrasos tan sólo en esta semana. El sindicato CC. OO. de Cataluña realizó un cálculo de la avería que se produjo el pasado miércoles y que afectó al servicio durante siete horas, y concluyó que los 60.000 usuarios afectados sumaron unos 630.000 euros perdidos, con una media de llegada con retraso al trabajo de una hora. Aunque Renfe atribuye el mal funcionamiento a los inconvenientes ocasionados por la construcción de la línea del AVE, son muchos los que apuntan a la falta de inversión en la red de cercanías catalana durante años. Acelerar inversiones El presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió ayer al Gobierno central que se aceleren las inversiones previstas por Fomento, mientras que el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó que no descarta pedir a Zapatero, en la próxima sesión de control al Ejecutivo, la dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. «Que «se vaya a casa», fueron las palabras pronunciadas desde el grupo de ERC en el Congreso. Respeto a las decisiones judiciales y a los derechos fundamentales. El Gobierno no se salió de lo políticamente correcto al comentar el polémico fallo del Tribunal Constitucional sobre la validez jurídica de los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede, y la potestad que éstos conceden a la Iglesia para contratar y despedir a los profesores de religión. La mayoría de este colectivo se mostró ayer indignado por el pronunciamiento del órgano intérprete de la Carta Magna. La vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega recalcó, no obstante, que la sentencia dada a conocer el jueves reconoce a la Iglesia libertad para decidir quién es idóneo y quién no para impartir la doctrina confesional, pero esa libertad «no es absoluta». Está sujeta -señaló De la Vega- «al control judicial», al respeto a los derechos fundamentales y a los principios de «igualdad, mérito, capacidad y publicidad». A su juicio, el TC admite que los acuerdos Iglesia-Estado se ajustan al marco constitucional, avanza en el «reconocimiento de una especificidad, pero enmarcándola en unos derechos fundamentales». La número dos del Ejecutivo despachaba así, sin mojarse, la sentencia con la que el pleno del Constitucional respondió a la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el caso de la profesora de religión Mª del Carmen Galayo, a quien las autoridades eclesiásticas de las islas no renovaron el contrato por convivir con un hombre tras separarse de su marido. El TSJC dudaba de que los acuerdos con la Santa Sede sobre la contratación del profesorado se ajustasen a la Constitución.