El Gobierno no quiere pagar más indemnizaciones por el expolio del franquismo

El grupo socialista se debate entre las presiones de sus socios parlamentarios para que reforme la ley de restitución de bienes incautados por el franquismo y la negativa del Gobierno a pagar más indemnizaciones. El PSOE tendrá que resolver hoy la disyuntiva, cuando se debata en el Congreso la admisión de tres proposiciones de ley en ese sentido presentadas por CiU, Esquerra Republicana e IU-Iniciativa per Catalunya. La encrucijada entre atender a los intereses gubernamentales o a los de los socios parlamentarios va a ser una constante a la que se van a tener que enfrentar los socialistas hasta el final de la legislatura. Ahora, ante la ampliación de la norma que regula las indemnizaciones por los bienes incautados a los partidos durante el franquismo, «el cuerpo nos pide votar que no», afirman fuentes del grupo parlamentario gubernamental. Pero al mismo tiempo, admiten, «no se puede desatender a los socios». Ante este panorama, el PSOE negoció hasta última hora las tres iniciativas, aunque la decisión no se tomará hasta momentos antes de las votaciones, explicaron las fuentes consultadas. CiU y Esquerra pretenden suavizar los requisitos para percibir compensaciones por los inmuebles requisados por el franquismo durante la Guerra Civil. La federación nacionalista considera asimismo que se deben restituir las cuentas corrientes y depósitos bancarios intervenidos. IU-Iniciativa aspira, a su vez, a conseguir resarcimientos por los pisos y edificios que alquilaban a terceros, pero que también fueron decomisados por la dictadura. Se han pagado 28 millones Las tres iniciativas cuentan con el respaldo del PNV, partido que, a su vez, espera lograr una indemnización por el edificio que ocupaba en París el Gobierno vasco en el exilio y que ahora es sede del Instituto Cervantes. Los socialistas tienen el lastre para llegar a un acuerdo de la posición del Gobierno, que se niega a pagar más reparaciones. Las compensaciones por el patrimonio incautado por el franquismo están reguladas por dos normas: la aprobada en 1986, durante el Gobierno de Felipe González para, para atender las demandas de las centrales sindicales, y la de 1998, bajo el Ejecutivo de José María Aznar, destinada a los partidos. Hasta el momento, el Estado ha desembolsado 28 millones de euros a las formaciones políticas, de ellos 10,7 al PSOE y 10,5 al PNV.