Jueces y fiscales consideran legal la prisión atenuada para De Juana

Las asociaciones de jueces y fiscales coincidieron ayer en que la concesión de la prisión atenuada al preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, es una medida «plenamente legal», aunque discreparon en que sea la mejor solución de las posibles. En este sentido, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), reconoció que la decisión «tiene cabida en la ley, aunque no era la única alternativa y es cuestionable y discutible». Según dijo Antonio García, portavoz de esta asociación mayoritaria en la carrera judicial, Jose Ignacio de Juana Chaos es un penado que ha decidido, libre y conscientemente, iniciar una huelga de hambre, y «esa acción ha dado lugar a una excepcionalidad», porque «sin huelga de hambre no se hubiera adoptado esta solución». García señaló que no hay que ver solamente la legalidad en términos de Justicia sino que, en este caso, entraban en juego otros criterios sociales, morales e incluso políticos, que se deberían haber valorado. La APM cree que esto puede sentar un precedente peligroso porque «si mañana este tipo de conductas se ponen de moda entre la población reclusa, se cuestionarían principios como la reinserción o la finalidad de la pena». Por ello, el portavoz de la APM se mostró convencido de que el tratamiento que se ha dado al recluso etarra abrirá un amplio debate y una profunda reflexión en la comunidad jurídica y científica. Comparaciones irresponsables Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, aseguró que «sólo hay que leer el auto para darse cuenta de que es una medida totalmente ajustada al ordenamiento jurídico», en la que «no hay arbitrariedad ni chantaje». En su opinión, la sentencia del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional incide en el principio de humanidad, lo cual resalta «la grandeza de nuestro Estado de Derecho». Tapia acepta que se critique la medida, pero pide mesura y rechaza la comparación que ha hecho el Partido Popular con el caso del concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco. Una opinión compartida por Eduardo Esteban, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quién señaló que «el Gobierno tiene la facultad, a través de la administración de vigilancia penitenciaria, de tomar la iniciativa que considere oportuna dentro de la legalidad y eso es lo que ha hecho». Para Esteban la crítica que están realizado algunos políticos es «deplorable» y cree que «es necesario que se empiecen a respetar ya las resoluciones judiciales, especialmente por parte de quien tiene responsabilidades publicas». La UPF admite que el hecho de que el preso etarra salga de prisión puede causar un gran impacto social, pero recuerda que «no está cumpliendo una pena de asesinato y no se puede tratar a una persona que comete una amenaza como un asesino», porque eso «sería una victoria para los terroristas». Por último, el portavoz y presidente de la Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García-Panasco, no quiso entrar a valorar una medida, que según explicó, es «básicamente gubernativa, amparada en un determinado artículo de un reglamento penitenciario que, en este caso concreto, permite cualquier cosa». A su juicio, el juez de vigilancia penitenciaria no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión ni otros aspectos del caso y se ha limitado a «visionar la legalidad de esa medida gubernativa y ver si se ajusta a la situación penitenciaria de este recluso». La AF se remite al dictamen del juez que deja claro que no hay beneficio penitenciario, pero recuerda que «lo cierto es que José Ignacio de Juana Chaos se va a ir a su casa».