El PP rompe también con el Gobierno en política sobre Justicia

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer el dictamen sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, paso previo a su debate en el pleno de la Cámara, con la oposición del PP, que anunció la ruptura del diálogo sobre el resto de las leyes del ámbito de la Justicia. «Esta ley es la primera plasmación del efecto Bermejo», señaló el portavoz del PP en la comisión, Ignacio Astarloa, en referencia al nuevo ministro de Justicia, del que dijo que viene «no a construir consensos, sino a destruirlos». Astarloa añadió que, a partir de ahora, quedan «canceladas» las conversaciones que su grupo mantenía para la reforma de varias leyes procesales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El portavoz socialista, Ramón Jaúregui, le respondió asegurando que su grupo había intentado «alcanzar un consenso con todos», pero que al final el Gobierno había tomado la «decisión política» de sacar la ley adelante «porque el Tribunal Constitucional se ahoga, no puede más». La reforma de la LOTC pretende reducir la sobrecarga de trabajo del Alto Tribunal y combatir la lentitud de los procedimientos de este órgano mediante la reforma del recurso de amparo, de modo que según el proyecto éste sólo será admitido a trámite cuando concurran todos los requisitos establecidos para ello, de los que el principal es que el asunto tenga «relevancia constitucional». Menos recursos Además, cuando se resuelva no admitir un recurso la decisión se notificará mediante una providencia que sólo podrá recurrir el fiscal y en la que simplemente se especificará el requisito incumplido, sin más motivación. Con esta medida se pretende reducir sensiblemente el número de recursos de amparo que ve anualmente el TC, que según las cifras ofrecidas por Jaúregui fueron 386 en 1981 y 9.700 en 2005. Para el Partido Popular, el texto de la reforma supone «una merma de garantías» porque quedará a la discrecionalidad del TC decidir si un asunto tiene o no relevancia constitucional y, además, no tendrá que explicar por qué. La Comisión Constitucional aprobó también varias enmiendas referidas al nombramiento de los magistrados del tribunal, entre ellas una que permitirá a las Comunidades Autónomas participar en su elección.