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| Análisis | Antecedentes de una rectificación |

Sostenella o enmedalla Los fiscales conservadores dicen estar «perplejos»

Publicado por
Julio Á. Fariñas - redacción
León

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En medio de la ola de crispación que nos invade, especialmente por algunas latitudes, resulta cuanto menos chocante que sea precisamente el Ministerio Fiscal quien acabe haciendo el papel de co abogado defensor de un personaje tan polémico y denostado como Arnaldo Otegi Mondragón, la cara más conocida de la izquierda aberzale.Pero no menos sorprendente resulta el empeño de un tribunal en juzgar por estos hechos a un ciudadano al que, a pesar de sus antecedentes penales -seis años de prisión por un delito detención ilegal y otro por el de injurias al Rey- dos magistrados instructores del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no consideraban delictivos. Tal empeño le llevó a decretar la detención del acusado, sin que ninguna de las partes personadas en el proceso y con un despliegue de medios, tanto para su detención, como para su traslado a Madrid, con unos costes para el erario público dignos de mejor causa. Quien tenga interés en los antecedentes de esta rocambolesca historia no tiene más que recurrir a las hemerotecas -mejor que a las videotecas- y puede percatarse por dónde van los tiros. Allí se encontrará con una intervención de Otegi en el entierro de una terrorista con claro afán de contentar a la parroquia aberzale. Apología del terrorismo A pesar de que, como suele ser habitual en él, insinuó más de lo que dijo, al día siguiete, por orden expresa del fiscal Jesús Cardenal, la fiscalía del TSJPV presentó una querella contra él por un supuesto delito de apología del terrorismo. Una querella que fue archivada en dos ocasiones por la instancia competente. La fiscalía no dejó de recurrir hasta que consiguió su admisión a trámite. Al final Otegi acabó condenado a 15 meses de cárcel, pero el Supremo anuló esa sentencia. Como por esas fechas el portavoz de Batasuna ya no era parlamentario, el caso acabó en la Audiencia Nacional y el 15 de enero se fijó el juicio para el pasado miércoles. Diez días antes la fiscalía solicitó la suspensión de la vista para proponer nuevas pruebas y redactar una nueva acusación, ya que dos de los acusados inicialmente con Otegi ya estaba absueltos en sentencia firme. La petición fue denegada por providencias carentes de motivación jurídica. Ante el empeño del tribunal en el ministerio público tenía dos opciones: retirar la acusación antes del juicio -la más radical- o al final del mismo, la más diplomática. El resultado, como era previsible, fue el mismo. El ex ministro de Defensa José Bono señaló ayer que le parece «que por sus hechos hay que juzgarle». En declaraciones a los periodistas, Bono se refirió en concreto a esta decisión del ministerio público y dijo: «espero que el fiscal la haya tomado de acuerdo con el ordenamiento jurídico». Para el ex ministro de Defensa, Otegi «es un tipo muy despreciable, éste es un secuestrador y si no que se lo pregunten a Rupérez y Gabriel Cisneros». Matizó en este sentido que, aunque «me cae fatal» (Otegi), «estamos en un Estado de Derecho y hay que saber asumir las decisiones que con independencia». En medio de la tormenta desatada por la decisión de la fiscalía de retirar la acusación contra el dirigente de la ilegalizada Batasuna, la comisión ejecutiva de la La Asociación de Fiscales (AF), que agrupa al sector más conservador de este colectivo de profesionales de la judicatura, también hizo pública ayer su «profunda perplejidad e indignación» por un nuevo cambio de criterio en la actuación del ministerio fiscal «que no contribuye a eliminar la sospecha permanente de utilización de nuestra institución en función de la coyuntura política del momento». La ejecutiva de estos fiscales entiende que los ciudadanos necesitan una explicación sobre la situación que se ha creado con esta medida. Por su parte La Unión Progresista de Fiscales (UPF) rechazó, por «sectarias», las descalificaciones contra el fiscal de la Audiencia Nacional que retiró la acusación contra Otegi y hace un llamamiento a la responsabilidad de todos para evitar la utilización política del sistema de justicia.