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El ex jefe de policía no quiso decir quién le habló de un supuesto informe que vincula a ETA

El tribunal del 11-M multa al testigo De Mera por negarse a responder

Deducirán testimonio por desobediencia grave, que será remitido al Supremo

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Julio Á. Fariñas - madrid
León

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Agustín Díaz de Mera, el máximo responsable de la policía el día de los atentados de Madrid, compareció ayer en el juicio como testigo. Ante su negativa a contestar a una pregunta del tribunal, le fue impuesta en el acto una multa de 1.000 euros y se deducirá testimonio de su actitud, por considerar que puede ser constitutiva de un delito de desobediencia grave. Este testimonio será remitido a la sala especial de aforados del Tribunal Supremo para que solicite el suplicatorio al Parlamento Europeo, del que forma parte Díaz de Mera como europarlamentario del Grupo Popular. El delito de desobediencia grave ante un tribunal puede ser sancionado con una pena que va de seis meses a un año de cárcel. Esta decision, sin precedentes en la historia judicial reciente de este país, la adoptó el tribunal cuando el testigo estaba siendo interrogado por el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, la filial de la AVT. «Real y cierto» El letrado interrogó inmediatamente después del fiscal y empezó preguntando al testigo por un informe «real y cierto» que habría encargado el entonces Comisario General de Información, Telesforo Rubio en el que según lo declarado por Díaz de Mera en una entrevista emitida en septiembre del año pasado por una cadena de radio nacional, contiene «indicios y pruebas de las conexiones con ETA en número significativo y preocupante». El supuesto informe del que según el testigo, «saben y sabemos muchos, es de dominio común en el seno de la Comisaría General de Información» alguien dio orden de hacerlo desaparecer «porque los autores decidieron hacer éticamente un informe real y no aceptaron la orientación previa». «¿A qué informe se refiere?», preguntó el letrado. «Exactamente al que usted está mencionado», respondió el testigo. «¿Quiénes son esos autores»?, volvió a preguntar el letrado. «No puedo decírselo porque no lo sé. La fuente no me dio los nombres, sólo me dijo que eran un hombre y una mujer», respondió el testigo. El abogado siguió con su interrogatorio y le preguntó quién le había hablado al testigo de ese informe, pero Díaz de Mera se negó en redondo, rechazando incluso la opción que le dio el presidente del tribunal de que lo escribiese en un papel. «No puedo» «No puedo hacerlo porque pondría en peligro la seguridad de la fuente y la de su puesto de trabajo», replicó el testigo. El presidente le recordó que el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los testigos a identificar a la fuente cuando ésta sea de referencia. El ex director General de la Policía persistió en su negativa incluso después de haberle apercibido de los riesgos que ello implicaba para él, y de que se interrumpiese la sesión del juicio durante diez minutos para reflexionar e incluso para consultar con su fuente. «Señor, siento no poder acceder a su petición», respondió el testigo nada más reanudarse la sesión. El presidente le respondió que respetaba su decisión soberana, pero se mantuvo firme y le comunicó la imposición de una multa de 1.000 euros -la ley prevé entre 200 y 5.000- y la deducción de testimonio. «Es una situación muy complicada para mí porque la fuente -alegó el testigo- es rigurosa, es fiable y es honesta y es miembro del Cuerpo Nacional de Policía, cuerpo por el que siento un profundo respeto. Por ello aceptaré cualquier decisión que adopte el tribunal». Bermúdez le reiteró su ruego a que reconsiderase su decisión diciendo que «lo que no puede hacer es decir que es una fuente honesta y fiable y negarse a facilitar su nombre porque deja el proceso en una situación absolutamente insostenible». Lo que tengas que decir El protagonista de la sesión matinal fue el inspector de policía Jesús Parrilla, que cuando ocurrieron los atentados estaba destinado la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) y como tal fue el controlador del confidente Cartagena. Este testigo se desplazó a Asturias inmediatamente después de los atentados y regresó a Madrid con Trashorras como detenido. Refiriéndose a los momentos previos a la detención del ex minero asturiano, dijo que, cuando las cosas se le empezaban a poner feas, su mujer Carmen Toro, la acusada para la que menos pena se pide, se le sentó en las piernas y le dijo: «Cariño, diles lo que tengas que decir, pero a mí no me impliques». La comparecencia de Díaz de Mera era una de las más esperadas, porque es el único cargo político del Gobierno Aznar que está citado como testigo, después de que el tribunal hubiese rechazado la de Acebes. A última hora se adelantó a la tarde de ayer porque era la fecha que mejor encajaba en su agenda de europarlamentario. Díaz de Mera venía mejor preparado para las preguntas del fiscal que para las demás. El representante del ministerio público hizo un interrogatorio florentino. Sus respuestas resultaron muy útiles para afianzar la tesis de la acusación, porque reconoció nunca tuvieron datos concretos para sostiene la hipótesis de la autoría etarra. Las preguntas de las acusaciones que auspician las teorías de la conspiración le pillaron fuera de juego. La entrevista que le ha dejado contra las cuerdas coincide sospechosamente el tiempo -fue emitida semanas antes- del famoso informe del ácido bórico del que son autores un hombre y una mujer. ¡Son los problemas de tocar de oído!

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