El Gobierno da el paso para igualar los derechos y condiciones de vida de los pueblos a los que disfrutan las ciudades
La nueva Ley de Desarrollo Rural va a beneficiar a cuatro de cada diez leoneses
El anteproyecto llega hoy al Consejo de Ministros y después será debatido por los colectivos afectados
El anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural entrará hoy en el Consejo de Ministros y después de remitirá al Congreso, para su tramitación parlamentaria, además de ser referencia de debate para todas las asociaciones agrarias, los colectivos de mujeres rurales, las asociaciones de desarrollo rural, ayuntamientos o colectivos de ecologistas. Alrededor de 200.000 habitantes, entre el medio millón del censo de población de la provincia leonesa, se verán beneficiados por la nueva norma, tal y como se establece en el ámbito de actuación. El Gobierno no oculta que el desarrollo legislativo con el que quiere normalizar los vínculos y oportunidades entre el medio rural y el urbano se ha convertido ya en uno de sus objetivos prioritarios y se va a desenvolver con medidas para hacer más atractivo y elevar el nivel de vida del entorno rural. Más del 90% del territorio leonés se incluye dentro de los parámetros sociales o económicos que viene a distinguir la nueva normativa española, con actuaciones específicas en torno a aspectos que conciernen a la ordenación del medio ambiente, la definición y salvaguarda de lo que se define como territorio rural, la agricultura como base de la economía de este sistema de vida, la mejora de condiciones para diversificar económicamente el área de aplicación de la ley y la creación de las condiciones oportunas para generar y mantener puestos de trabajo que reduzcan al mínimo la causa más habitual en la migración de las zonas rurales: la falta de medios de vida y de condiciones dignas de trabajo. Acento social Para incentivar más estas medidas de protección que se reconocerán tras la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural, el Gobierno va a ligar a la actuación el nuevo sistema nacional de dependencia y una protección específica de los derechos de la población inmigrante, además de impulsar actuaciones específicas que garanticen la igualdad de género en este entorno, en un acento social específico.