La primera fase de?la?operación salida?deja 29 muertos, nueve más que el año pasado Los ayuntamientos gravarán más la renta y consumo y menos la propiedad

Veintinueve personas perdieron la vida en los accidentes de tráfico mortales registrados este fin de semana, nueve más que en el mismo del año pasado, durante la operación salida de la Semana Santa, la primera que se produce con el carné por puntos. En total se registraron veintiún accidentes desde el viernes a las 15.00 horas hasta ayer a las 20.00, con el resultado de dieciocho heridos graves y seis leves, informaron fuentes de la Dirección General de Trafico (DGT). El suceso más trágico se produjo la medianoche del sábado en la carretera N-I, en el término municipal de Quintanavides (Burgos), y en él murieron cuatro personas, entre las cuales había dos menores de 13 años. El siniestro, en el que se vieron implicados dos turismos y un camión, ocurrió cuando uno de los automóviles, un Nissan Primera que circulaba en sentido a Madrid, invadió por causas que aún se desconocen parte del carril contrario, donde colisionó de forma frontal y lateral con un Seat León , momentos antes de que un camión chocara también contra ambos. Tres de los fallecidos viajaban en el Nissan Primera , una pareja y su hija, mientras que la otra niña fallecida iba en el Seat León junto a sus padres y otra menor, de nueve años, que resultaron heridos graves. El otro siniestro de mayor gravedad, también múltiple, se produjo ayer en la CV-60 a la altura de la localidad valenciana de Terrateig, ya que en el fallecieron tres personas y una resultó herida muy grave. El accidente tuvo lugar sobre las 8.20 horas y podría haberse tratado de una colisión frontal. La DGT prevé que se produzcan 15,5 millones de desplazamientos de largo recorrido desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta el 9 de abril. Para controlar el tráfico, ha instalado 317 puntos fijos de control de velocidad mediante sistema de radar en las carreteras, por las que circularán estos días 148 vehículos camuflados. El año pasado murieron, en este mismo periodo de Semana Santa, 110 personas, siendo el Domingo de Pascua (19 muertos) y el Miércoles Santo (15) los días en los que se registró una mayor siniestralidad. Los ayuntamientos no quieren quedarse fuera de la foto de la nueva financiación territorial, sobre todo a la vista de que el Gobierno puede empezar a negociarla antes de que finalice la presente legislatura, pese a que en el Ministerio de Economía y Hacienda preferían dejar el asunto para el próximo Ejecutivo. En el departamento que dirige el vicepresidente, Pedro Solbes, consideran que se trata de un asunto de tan gran calado como polémico, y que para sacarlo adelante y lograr un acuerdo «consistente» -que no haya que «parchear» a los pocos años, como ocurrirá con el sistema actual, aprobado en 2002- será necesario casi un pacto de Estado entre los dos grandes partidos, PSOE y PP. La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó hace dos semanas un documento que analiza el funcionamiento del modelo de financiación vigente y establece sus pautas para el próximo, que se basan en «una mayor aproximación entre la fiscalidad local y las variables económicas», de manera que se gravaría más la renta y el consumo frente al actual esquema de imposición sobre la propiedad. Ello, no obstante, no significa que los consistorios vayan a rebajar las cargas por sus impuestos tradicionales, como el de bienes inmuebles (IBI), el de actividades económicas (IAE), el de obras o el de circulación. De hecho, uno de los puntos que quieren negociar con el Gobierno es la actualización del IBI conforme a las últimas subidas del precio de la vivienda, lo que implicaría una revisión de los valores catastrales con que se paga dicho tributo, una tarea que el Ministerio está dispuesto a emprender -de hecho, ya ha realizado algunos trabajos previos-. Otra de sus reivindicaciones, dentro de la propuesta de combinar un sistema fiscal propio y un modelo dual de financiación, es que se les autorice a desarrollar nuevas figuras impositivas ligadas al medioambiente, pero cuyo desarrollo aún está -valga la expresión- «verde». Más concreta en su intención de recuperar «viejas» tasas sobre los operadores telefónicos por el uso masivo del espacio radioeléctrico local a través de los móviles. Su idea inicial es fijar un porcentaje sobre la facturación total de las empresas -según el número de abonados-, de forma similar a la proporción (1,5%) que en su día recibían de Telefónica cuando era un monopolio público. Menos clara es la posibilidad de cobrar una tasa a las entidades financieras por los cajeros automáticos que tienen instalados en la vía pública, una cuestión polémica sobre la que ya se han dictado varias sentencias judiciales contradictorias y que acabará en el Tribunal Supremo.