Fiscalía y Gobierno instan al Supremo a ilegaliza a ASB
La Fiscalía General del Estado y, en nombre del Gobierno, la Abogacía del Estado, instarán hoy al Tribunal Supremo a ilegalizar Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) por considerarla una formación «sucesora de Batasuna», que persigue sus mismos fines. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y el jefe de los servicios jurídicos del Estado, Arturo García Tizón, solicitarán a la sala especial 61 que el alto tribunal aplique a ASB su sentencia de marzo del 2003 que, en aplicación de la Ley de Partidos, ilegalizó la formación que lidera Arnaldo Otegi junto a sus viejas marcas (Euskal Herritarrok y Herri Batasuna), y que previó igual trato para cualquier partido futuro que aspire a sucederlas. Cuatro razones El fiscal general detalló desde Granada que existen cuatro motivos que justifican su decisión de instar a la ilegalización de ASB. El primero, destacó, es que entre sus impulsores hay personas vinculadas a la Mesa Nacional de Batasuna. Se refiere a Joana Regueiro, responsable del área de Mujer de la formación aberzale. También señaló que entre los promotores hay personas que han sido imputadas por pertenecer a ETA, caso de Marije Fullaondo, acusada en el 2006 por el juez Baltasar Garzón de ese delito. Fullaondo ya encabezó en el 2004 la candidatura aberzale a las elecciones europeas bajo el nombre de Herritarren Zerrenda, que fue proscrita por el Supremo y el Constitucional.Junto a esas razones, Conde- Pumpido señaló que la estructura orgánica de ASB reproduce casi punto por punto el organigrama de la formación ilegal. Además, señaló que el nombre que se esconde tras las siglas de ASB incluye una palabra «para nosotros proscrita, como es Batasuna». Eso no significa que ASB no pueda defenderse en este caso. Tras la presentación de las demandas del ministerio público y del Gobierno, los representantes de ese partido vasco tendrán un período de tiempo -el que decida el Tribunal Supremo- para presentar alegaciones que estimen oportunas. Interior ordenó el pasado miércoles la suspensión cautelar, durante de 20 días, de la inscripción de ASB. La decisión del Supremo podría producirse antes de que venza ese plazo.