La Fiscalía rebaja en 27 años la petición a los agentes de Roquetas

La Fiscalía ha rebajado en 27 años la petición de cárcel para los agentes del cuartel de la Guardia Civil de la localidad almeriense de Roquetas de Mar imputados por la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano. Eso sí, el Ministerio Fiscal incidió en que la actuación de los mandos de este cuartel fue «desproporcionada». El fiscal Fernando Brea calificó los hechos que se atribuyen a ocho de los nueve agentes implicados en el suceso como constitutivos de delito de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente. En este sentido, el representante del Ministerio Fiscal detalló que el teniente y la agente propinaron «golpes innecesarios para la reducción» del detenido. Asimismo, expuso que la actuación de ella -en referencia a la agente María José Sánchez- fue lamentable, porque «fue a curarse las heridas y volvió con una porra para golpearle». Agresiones innecesarias En esta línea, Brea destacó que en la ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se recoge la obligación de velar por la vida de los detenidos, mientras que tres de los agentes -el teniente José Manuel Rivas, María José Sánchez y José Antonio Moreno- hicieron lo contrario. El teniente, por ejemplo, «utilizó instrumentos no reglamentarios y, con la víctima en el suelo, le golpeó innecesariamente», destacó el fiscal durante la exposición de las conclusiones definitivas que tuvo lugar este lunes en la Audiencia Provincial de Almería. En conclusión, el Ministerio Fiscal acusó a los ocho agentes de abuso de autoridad. Las peticiones fiscales más elevadas recayeron sobre el teniente que estaba al mando del cuartel cuando murió el agricultor, el sargento Moreno, que era el agente de mayor graduación por detrás de Rivas y la agente Sánchez, para los que la Fiscalía reclamó tres años y seis meses de prisión en el caso del primero, y tres años y tres meses para los otros dos. En cuanto al resto de agentes imputados, para los que el fiscal había reclamado inicialmente seis años y tres meses de cárcel, su petición final quedó reducida a tres años por delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente, a excepción de uno, para el que solicitó dos años de prisión por el primero de los delitos. En la sesión de este lunes, la Fiscalía y la acusación particular aclararon que no se estaba enjuiciando a una institución como la Guardia Civil, sino a ocho agentes, quienes deberían haber tomado otras medidas en lugar de empecinarse en introducir a la víctima en el vehículo.