Juzgan a seis personas por estafa inmobiliaria a casi 1.900 personas

La Audiencia de Madrid comenzará a juzgar hoy a los seis acusados de estafar presuntamente a 1.889 familias, a través de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), con la que vendían viviendas, que nunca llegaron a construirse, en los nuevos barrios del norte de Madrid. El fiscal solicitará penas que oscilan entre 4 y 16 años de cárcel para los acusados, a quienes les imputa delitos continuados de estafa y de falsedad documental en concurso con delitos de estafa intentada. Según el ministerio público, a finales de los 90 y principios de esta década los procesados obtuvieron de sus víctimas 37,5 millones de euros a cambio de pisos que construirían en las zonas de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas. Para ello, Miguel Ángel M. P., Francisco Javier y Miguel Ángel G. S., siguiendo las directrices del padre de éstos últimos, Francisco G. M., -para quienes el fiscal pide 16 años de cárcel- constituyeron la mercantil CPV en 1998. «Mediante un gran despliegue publicitario» obtuvieron el dinero suficiente para adquirir 15.000 metros cuadrados en Sanchinarro -que darían cabida a unas 40 viviendas-, lo que posibilitó a la CPV entrar en las juntas de compensación de suelo de esos barrios. «A pesar de ser conscientes de no poder cumplir los compromisos adquiridos», los acusados destinaron una «mínima parte» de los 37,5 millones de euros conseguidos -poco más de tres millones- a tratar de comprar suelo en la zona o a devolver el dinero, y el resto, «movidos por el propósito de enriquecerse ilícitamente, lo incorporaron a su patrimonio con carácter definitivo, destinándolo a usos propios». Según la Fiscalía, a finales de 1999, cuando la empresa estaba en quiebra técnica, los imputados contactaron con la única mujer acusada en el juicio, Adelina E. A., quien se ofreció a cambio de casi un millón de euros para conseguir documentos «con los que aparentar» que la CPV tenía terrenos. Compraventas simuladas Para ello, la mujer contactó con otro acusado, Alfredo V. G., que trató de inscribir en el registro terrenos que no eran suyos, sobre los que incluso ambos simularon compraventas con sociedades fantasma para que la junta reconociera que la CPV tenía «los terrenos en apariencia adquiridos». Los procesados ofrecieron a la constructora Cenavi la venta de 40.000 metros cuadrados, aunque no los compró al comprobar en la junta que esos terrenos no era suyos. En febrero del 2002, la CPV fue denunciada junto a Adelina E. A. y a Alfredo V. G. y se abrió un procedimiento judicial que indicaba que era imposible obtener más terreno en las citadas zonas al estar ya más del 96% repartido entre promotores. Sin embargo, según el fiscal, los directores de la CPV continuaron su actividad comercial hasta que al llegar septiembre del año 2001, fecha de entrega de los pisos de la primera fase, y exigir los clientes la devolución de su dinero, los acusados vendieron los terrenos que tenían en la zona y obtuvieron 14,5 millones de euros, aunque «únicamente» devolvieron unos 10,7 millones.