La justicia absuelve a todos los acusados en el supuesto fraude del lino

La justicia ha absuelto, siete añ os después de que se iniciaran las primeras investigaciones, a los 18 acusados por el supuesto fraude generalizado cometido en el cobro de ayudas europeas al cultivo del lino. La Audiencia Nacional, en una extensa y detallada sentencia que supone en si un varapalo para la Fiscalía Anticorrupción, el juez Baltasar Garzón y las comunidades autónomas que denunciaron estos hechos (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura), estima que «no hay ni el menor dato» de que se cometiera delito alguno para lograr esas ayudas, pese a que el instructor del caso llegó a cuantificar la presunta estafa en tres millones de euros. No obstante, para la Unión Europea sí se cometieron irregularidades, al menos administrativas, pues en abril de 2005 exigió al Gobierno que devolviera un total de 134 millones de euros que se habrían cobrado de manera «indebida» en las campañas del lino comprendidas entre 1996 y 2000. Otros nueve países también recibieron entonces sendas reclamaciones por parte de las autoridades comunitarias, aunque la mayor (representó la mitad del total) correspondió a España. Las deficiencias denunciadas se centraban en una ausencia de control adecuado por parte de las autoridades nacionales en el reparto de los fondos, así como en incumplir las normas relativas a su gasto. Los tribunales españoles, sin embargo, no opinan lo mismo, al menos en lo sustantivo. Según el fallo dictado ayer por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia, aunque ni las autoridades españolas ni las comunitarias controlaban la cosecha que se obtenía de manera «efectiva», ni tampoco la contabilidad «real y material» que las transformadoras de lino les proporcionaban «puntualmente», se mostraron convencidas de «la existencia de un fraude generalizado entre las empresas» afectadas bajo el argumento «aproximativo» de que «era imposible transformar las cantidades (de plantas) que ellos certificaban en sus declaraciones». «Bastaba ahondar -explican los magistrados- en el conjunto de datos que las diversas administraciones poseían o a los que podían tener acceso a través de los continuos y rigurosos controles que se hacían, para llegar a la conclusión» de que entre los productores de lino y los transformadores no había en modo alguno una «connivencia falsaria», como sostenían las acusaciones. De hecho, el tribunal afirma que tras todas las pruebas practicadas durante el juicio oral (que se extendió desde octubre de 2006 a febrero de este año) ha llegado a la conclusión, «ajena a cualquier duda racional y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de que todos y cada uno de los acusados actuaron de forma correcta». Crítica a las autonomías Las comunidades autónomas, que actuaron como acusaciones en este proceso, reciben además una crítica directa por parte del tribunal, que les reprocha que «nunca debieron rebasar los límites del ámbito de inspección administrativa» en su investigación sobre posibles irregularidades en las ayudas a dicho cultivo. No obstante, reconoce el «extraño» auge del lino a partir de 1994 (en cinco años se multiplicó por 150 el número de hectáreas dedicadas a esta planta), a pesar de que era «absolutamente desconocido» para los agricultores, apenas tenía salida comercial y el campo español no era precisamente el más adecuado para producirlo. Eso sí, responsabiliza «a todas las instancias de patrocinarlo oficialmente» en busca de más fondos europeos. En su escrito de acusación, Anticorrupción reclamaba penas de entre tres años y siete meses de cárcel para los 19 acusados por supuestos delitos de estafa a las arcas europeas y falsedad documental. El principal era Nicolás López de Coca, quien fuera «número dos» del Ministerio de Agricultura durante el mandato de Loyola de Palacio (para la que el lino supuso un gran desgaste político) y al que se imputaba un presunto tráfico de influencias a favor de una empresa familiar vinculada al citado cultivo. El tribunal ha acordado separarle del proceso y enviar su caso a los juzgados ordinarios, al considerar que no guardaba relación con el resto de encausados.