Pide a Instituciones Penitenciarias que explique las salidas de De Juana

Las salidas del hospital del preso etarra José Ignacio de Juana Chaos provocaron ayer un enfrentamiento entre el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. El magistrado pidió explicaciones por las salidas del día 10 y 17 de abril, de las que no fue informado, y exigió que en lo sucesivo se le comuniquen «con carácter previo las salidas que le sean autorizadas al interno, así como el desarrollo de éstas una vez finalizadas». El juez Castro pregunta si el abandono del hospital en dos ocasiones se incardina en el «plan de ejecución» acordado para De Juana el 1 de marzo, cuando se ordenó su traslado desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid al Hospital de Donostia en San Sebastián para ser tratado de las secuelas de una huelga de hambre. Valorar los permisos En aquella decisión se contemplaba la posibilidad de que De Juana abandonara el centro hospitalario por razones médicas siempre que en el centro no existieran los servicios que precise. Aunque el juez conoce ya el fin de esas salidas, ha pedido más datos para valorar la oportunidad de los permisos. Recuerda además el magistrado que es a él a quien corresponde controlar judicialmente la legalidad de las resoluciones que tome la Administración Penitenciaria «sin que dicho control suponga sustitución o usurpación de funciones propias de la Administración actuante». Si el juez valorara que existe extralimitación podría llegar a incluso a dejar sin efecto el auto que avaló el traslado del preso al País Vasco. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias no opina lo mismo. La directora general, Mercedes Gallizo, aseguró ayer en el Senado que no es preceptivo informar al juez de cada uno de los pasos que se dan, como puedan ser «el medicamento que toma, si tiene que hacer rehabilitación en un gimnasio o si se tiene que cambiar las gafas o no». Durante la comparecencia de Mercedes Gallizo, el senador del PP Ignacio Cosidó acusó al Gobierno de ceder al chantaje de «este asesino, que ha matado a más de 25 personas y se ha mofado de las víctimas del terrorismo y de toda la sociedad».